El interbloque de Unión por la Patria solicitó una sesión especial para el 1° de febrero para dar tratamiento al DNU impuesto por el gobierno nacional. En este marco, pidieron que sus pares de otros partidos y espacios políticos de la región acompañen en el rechazo al decreto que viola la Constitución, el Estado de Derecho y el sistema republicano de gobierno.

Como venimos sosteniendo desde su publicación, el DNU afecta particularmente a nuestras provincias con medidas como: la desregulación del turismo con las consecuentes pérdidas de fuentes de trabajo; la desregulación del sector minero, que dejaría en manos privadas la explotación de los recursos estratégicos de nuestro suelo; la derogación de la Ley de Tierras, dando potestad a los extranjeros para adquirir territorio patagónico sin límite; la reforma de la Ley de Bosques Nativos, Ley de Glaciares y la Ley Manejo del Fuego, con las que se ponen en peligro el ambiente, nuestros recursos y reservas naturales, y la soberanía del país.

Otras como la derogación de la Ley de Promoción Industrial, afectan directamente a la provincia de Tierra del Fuego AIAS con la apertura indiscriminada de importaciones; y las modificaciones en la Ley de Hidrocarburos, que delegan en las petroleras decisiones estratégicas vinculadas a la producción, abastecimiento, exportación y márgenes de ganancia de las empresas privadas.

También la privatización de empresas estatales como la minera YCRT, que pondría en crisis toda la cuenca carbonífera de Río Turbio y afectaría la generación de energía para la nación; el Banco Nación, la banca con la mayor presencia federal con 790 sucursales; y Aerolíneas Argentinas, que impacta en la compleja interconectividad de la Patagonia y afecta el turismo, además de poner en riesgo incontables fuentes laborales.

Todas estas estas medidas tienen vigencia mientas no se rechace el DNU, en un marco general en el que se están afectando los recursos coparticipables de las provincias, en el que la delegación de facultades al Ejecutivo podría afectar las jubilaciones patagónicas dejando sin efecto el 40% de la zona austral, el freno a la obra pública, la derogación de la ley de alquileres, el desguace de la cultura y la educación pública, y la mercantilización del sistema de salud.

Por todo lo expuesto y, honrando y haciendo respetar la responsabilidad que tenemos ante el pueblo del sur de la Argentina profunda y las instituciones democráticas que están siendo atropelladas por el Poder Ejecutivo, es que esperamos contar con el rechazo unánime al inconstitucional decreto.