Los supermercados se encuentran en alerta ante la recepción de listas con considerables aumentos en productos de consumo masivo, algunos llegando hasta un 45%, apenas días después de la victoria electoral de Javier Milei y la incertidumbre sobre la continuidad del programa oficial Precios Justos.

Este programa, que abarca diversos rubros y establece un tope de incremento del 5% mensual, tiene validez hasta el 31 de diciembre, pero el cambio de Gobierno ha generado dudas sobre su implementación efectiva.

El programa Precios Justos, en vigencia desde hace casi un año, se ha convertido en un factor clave para controlar la inflación y proteger los bolsillos de los consumidores, especialmente aquellos de menores ingresos, siendo los artículos de consumo masivo los más sensibles. Sin embargo, la reciente derrota del ministro de Economía y candidato oficialista, Sergio Massa, ha desvanecido las expectativas de continuidad, lo que ha llevado a un escenario de incertidumbre en el sector.

Desde la noche del lunes, los supermercados han empezado a recibir listas de precios con incrementos que oscilan entre el 9% y el 45%, afectando principalmente productos de almacén como gaseosas, alimentos secos, artículos de limpieza e higiene personal. En algunos casos, grandes cadenas de retail han optado por no aceptar las nuevas listas de precios enviadas por sus proveedores, prefiriendo no aumentar los precios y, en consecuencia, no recibir mercadería.

Ante esta situación, la Secretaría de Comercio, dirigida por Matías Tombolini, ha iniciado una serie de reuniones con supermercadistas y empresas productoras de consumo masivo para buscar una transición ordenada en caso de que se caigan los acuerdos establecidos por Precios Justos. La premisa es evitar un impacto inmediato en la inflación y en los bolsillos de los consumidores.

En este contexto, la Secretaría de Comercio busca abordar la situación de manera proactiva y negociar con las empresas para encontrar alternativas que mitiguen el impacto en los consumidores, especialmente en un momento crítico como las Fiestas. La incertidumbre en torno a la política de precios genera un desafío adicional para el Gobierno entrante, que deberá encontrar un equilibrio entre la estabilidad económica y la protección del poder adquisitivo de la población.