Nota de opinión firmada por la Dra. Magdalena Odarda
Río Negro fue una provincia de vanguardia en materia de
reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios.
Mucho
antes de la sanción de Constitución reformada del 1994 -que
incorporó por unanimidad y aclamación los derechos de las
comunidades indígenas en el art. 75 inciso 17°- ya la joven
provincia había reconocido esos derechos en su propia Carta Magna y
en la ley n°2287.
Aquella norma sancionada el 12 de
diciembre de 1988 -aún vigente- expresaba en su art. 1°: “La
presente tiene por objeto el tratamiento integral de la situación
jurídica, económica y social, individual y colectiva de la
población indígena, reconocer y garantizar la existencia
institucional de las comunidades y sus organizaciones, así como el
derecho a la autodeterminación dentro del marco constitucional,
implicando un real respeto por sus tradiciones, creencias y actuales
formas de vida”.
La democracia recuperada
determinó que, tras los sucesivos gobiernos elegidos por el voto
popular en Argentina, esos derechos “reconocidos y garantizados”,
se fueran afianzando.
Fue con el Gobierno del Dr.
Alfonsín en 1985 que se daba institucionalidad a una realidad que
algunos preferían ignorar y aún lo hacen: somos parte de un país
pluricultural que reconoce a los pueblos indígenas como preexistente
al propio Estado.
Así nacía la ley 23.302.
Pocos
años después, el 1989, el “Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales”, se
convertía en la herramienta más importante en materia de derechos
de los pueblos indígenas en el mundo entero, al incorporar, -entre
otros- el derechos a la CONSULTA LIBRE, PREVIA E INFORMADA que obliga
a los Estados a “consultar a los pueblos interesados -mediante
procedimientos apropiados- cada vez que se prevean medidas
legislativas o administrativas que los afecten directamente (art. 6
Convenio 169 OIT).
Esta obligación del Estado se
incorporó al derecho interno, al sancionarse la ley 24.071 en 1992.
Pero fue en el 2006 cuando el ex presidente Néstor
Kirchner, impulsaba en el Congreso la sanción de la ley 26.160 de
RELEVAMIENTO TECNICO JURIDICO CATASTRAL de las comunidades indígenas
de todo el país, evitando así el desalojo de sus territorios a
millones de hermanos y hermanas de los más de 40 pueblos originarios
reconocidos en Argentina.
Aunque insuficiente a la luz de
los acontecimientos reciente y criticada por algunos sectores, nadie
puede negar que se trata de una “ley valiente” que fue prorrogada
en cuatro oportunidades: dos de ellas, durante los gobiernos de
Cristina Fernández de Kirchner y por decreto, por el actual
presidente Alberto Fernández con vigencia hasta el año 2025.
Esta
norma supo hacerse paso entre los intereses más diversos y mezquinos
para proteger a las comunidades de las garras de empresarios
inescrupulosos -que muchas veces amparados por una Justicia
cómplice-, han pretendido adueñarse de tierras ricas en bienes
naturales comunes, como el agua, el oro, el petróleo, el litio, o
simplemente, por su alto valor inmobiliario.
Pero más
allá de estos avances de la democracia para TORNAR VIVO el contenido
de Constituciones y leyes, no podemos desconocer que el
“negacionismo” ha cruzado la historia argentina, sobre todo a
partir del genocidio que significó la mal llamada “Campaña al
Desierto”.
Fue poco antes de la última prórroga de la
ley 26.160 en 2021, cuando se comenzaron a escuchar nuevamente los
discursos del odio contra los pueblos indígenas y no fue casualidad.
El clamor de aquellos que situaron a los pueblos
indígenas en el imaginario social como “enemigos internos”
durante el gobierno de Mauricio Macri, volvió a desparramarse como
un virus -sobre todo- en nuestra Provincia, donde los intereses por
adueñarse de la tierra y el agua del empresariado argentino y
extranjero, tienen el aval cómplice del Gobierno provincial de la
Gobernadora Arabela Carreras y del próximo Gobernador Alberto
Weretilneck.
La otrora Río Negro, orgullosa de su
normativa de avanzada en el reconocimiento de los derechos de las
comunidades mapuches y tehuelches, un día se vistió de luto al ver
la sangre de inocentes asesinados que regaron sus bosques de
cipreses, lengas, alerces y araucarias.
Esa bala que
mató por la espalda a Rafael Nahuel en 2017, también destrozó
aquel espíritu democrático y progresista de nuestros convencionales
del 1988.
Días antes, moría Santiago Maldonado en un
operativo ilegal de Gendarmería Nacional cuando el gobierno de Río
Negro integraba el “comando unificado” alentado por los sectores
del poder concentrado local y extranjero. Años más tarde, otra bala
-esta vez proveniente del arma de un sicario militante del discurso
del odio- ponía fin a la vida de otro joven indígena, Elías Garay.
Pero vaya paradoja. El hecho más escandaloso de
incumplimiento de la ley 26.160 por el Gobierno Provincial que se
negaba a firmar una y otra vez el convenio de relevamiento
territorial- tal como lo hacías las provincias vecinas de Neuquén y
Chubut-, ocurría en forma paralela a esos cobardes homicidios,
también en Río Negro.
El Gobierno de Carreras, no solo
se negó a llevar adelante los relevamientos territoriales a más de
100 comunidades mapuches tehuelches, sino que, además, evitó la
entregar de cualquier título comunitario, obstaculizando el
cumplimiento de órdenes judiciales como lo ocurrido con la comunidad
Millalonco Ranquehue, incumpliendo su propia Constitución y sus
leyes.
Por el contrario, permitió que al calor de los
grupos “antivacunas” y bajo el paraguas de la inseguridad,
surgieran agrupaciones de empresarios, políticos y funcionarios que,
alzando la bandera de la defensa de la propiedad privada, no dudaron
en acusar de “terroristas” a quienes defienden los territorios
que son parte de aquella codicia sin límites. Este fue el caso de
“Consenso Bariloche” cuya inauguración estuvo a cargo de la
propia Gobernadora Arabela Carreras, del intendente Gustavo Gennuso y
de diputados nacionales rionegrinos, que de la noche a la mañana se
convirtieron en agentes del odio contra el pueblo mapuche, olvidando
que también son sus representados.
Evidentemente la
vasta normativa que nació con la democracia y nos convirtió en esa
provincia de brazos abiertos, fue sepultada y olvidada.
El
derecho a la consulta libre, previa e informada surgida del Convenio
169 de la OIT fue pisoteado en los proyectos productivos de hidrógeno
verde o en la explotación hidrocarburífera.
La
situación de los pueblos indígenas es grave. Y puede ser peor aún
si llegan al Gobierno candidatos que basan su campaña electoral en
“aniquilar” sus derechos.
Qataríes, árabes,
ingleses, y de otras tantas nacionalidades vienen por la tierra y el
agua en esta nueva configuración del proceso de extranjerización de
tierras en Río Negro: compran nacientes de agua dulce como ocurre en
el Alto Río Chubut, encierran lagos públicos en contra del interés
general, aprovechan la falta de políticas públicas para los
productores rurales para quedarse con sus tierras y operan
aeropuertos en áreas de fronteras sin que el gobierno controle
absolutamente nada.
Es por eso y por muchas injusticias
más, que los rionegrinos y rionegrinas tenemos la obligación ética
de retomar el espíritu de la Constitución de 1988, a pocos días de
una nueva elección presidencial.
No olvidemos que aún
hay deudas pendientes como la Ley de Propiedad comunitaria indígenas-
entre muchas otras-, que la Democracia debe cumplir en lo inmediato y
para ello necesitamos autoridades del pueblo y que gobiernen para el
pueblo.
Ejemplos para comenzar a desandar el camino de
pérdida de derechos sobran.
Basta con recordar a los
miles de descendientes de pueblos originarios que dieron su vida para
recuperar la Democracia, o los muertos indígenas que defendiendo la
celeste y blanca en la gesta de Malvinas.
Pero yendo un
poco más atrás en la historia argentina, no olvidemos a “nuestros
paisanos los indios, que aún en pelotas”, no dudaron -ni por un
segundo- en acompañar al General San Martín en aquella lucha por la
tan ansiada libertad.
8 diciembre 2024
Opinion