El legislador Pablo Barreno presentó en la Legislatura un pedido de informes dirigido al Poder Judicial para que dé cuenta del salario bruto y neto que percibieron los vocales del Superior Tribunal de Justicia durante los meses de agosto y septiembre.

Además, requirió, junto a sus pares de bloque y el acompañamiento de la legisladora de Kolina María Inés Grandoso, que especifique la distribución de la masa salarial entre los trabajadores conveniados de la ley N° 5009 y los magistrados.

Queremos saber “en detalle por año y por vocal del Superior Tribunal de Justicia cuál fue el monto mensual y total que percibieron también en alquileres, capacitaciones, congresos, celulares, automóviles oficiales, gastos en combustible, emolumentos o retribución de gasto, gastos de representación, gastos reservados,  etc, desde la ampliación a 5 vocales de dicho cuerpo en el año 2013”.

“En un contexto en el que desde la máxima autoridad del Poder Judicial se pretende  avanzar contra los derechos de los trabajadores escudándose en una supuesta búsqueda de austeridad la ciudadanía debe conocer cuánto se gasta en los salarios de los jueces y en los viáticos para asistir, por ejemplo, a las reuniones del Consejo de la Magistratura o las de la Junta Federal de Cortes”, agregó el legislador y a la vez representante sindical del Sitrajur.

Por otro lado, solicitó conocer “las razones y la proyección que se pretende a partir del recorte estipulado en la resolución 800/23 dispuesta por el Superior Tribunal de Justicia en términos contables. En relación a la suspensión de los actos de designación reclamó que se especifique cómo pretenden cubrir los cargos de titulares de la magistratura, funcionarios y trabajadores relacionados con cargos que no se encuentran vacantes por jubilación, traslados y reestructuraciones en curso de implementación, renuncia o ascensos”. 

También pidió precisiones sobre la decisión de restringir la asistencia a foros y otras actividades del Poder Judicial a “personal más calificado”.

“Necesitamos información sobre cómo pretenden resolver las tareas asignadas que son impostergables, y cómo pretenden abonar las comisiones para el personal, desde categoría de jefe de Departamentos hacia abajo”, indicó.

Concluyó que “mientras pregonan sobre austeridad, gastan decenas de millones de pesos en comprar cámaras de seguridad cuyo objeto y necesidad impostergable desconocemos, como también a quién se la compraron y a qué precio, no vaya a ser cosa que sea para instalar un servicio de inteligencia clandestino adentro del poder judicial”.