La Federación Judicial Argentina (FJA) se ha expresado en reiteradas oportunidades acerca del Poder Judicial que tenemos, de manera clara y categórica, describiendo el profundo espíritu antidemocrático y conservador del mismo, elitista, violento y misógino, así como también sus fuertes vínculos con los poderes fácticos, el capital concentrado, y las potencias extranjeras.

Al mismo tiempo, donde nos oyen, planteamos también que Poder Judicial pretendemos. Básicamente, hemos descripto la necesidad de un sistema judicial verdaderamente democrático, independiente, transparente y que garantice los derechos del pueblo argentino consagrado en la Constitución Nacional. Se puede, por puesto, discutir mucho cómo lograr eso y nuestras propuestas son siempre para abrir una discusión y no para cerrarla. 

Sin embargo, la coyuntura actual, signada por la continuidad de magistradxs que son la encarnación misma de los principios contrarios a los enunciados precedentemente, esto visto claramente en los trascendidos de comunicaciones y mensajes telefónicos de un grupo de magistrados judiciales, empresarios de medios de comunicación y funcionarios políticos que se reunieron en la estancia del magnate inglés Joe Lewis en Lago Escondido, pone en evidencia la manipulación de las leyes para beneficios de unos pocos o las maniobras para retrasar procesos que son decisivos para el orden constitucional -como la que debería investigar el atentado a la Vicepresidenta- y el impulso de otros, como el de la "Causa Vialidad” que están viciados de nulidad desde su origen, son parte de lo que precisamente no queremos. Pero ni siquiera se trata solamente de eso la discusión. 

No alcanza con remover a tal o cual juez o jueza, ni con ampliar la cantidad de tribunales o miembros de la Corte, ni siquiera con que cese la persecución judicial a tal o cual dirigente políticx, aunque es necesario hacerlo. El stablishment se ha valido históricamente del Poder Judicial para criminalizar la protesta, la pobreza y la juventud, disciplinando a la sociedad y garantizándole “seguridad jurídica” a las empresas  multinacionales e impunidad al  crimen organizado, pero además atravesando cada cuestión de nuestra vida cotidiana como puede ser un divorcio, una sucesión, un despido, un accidente laboral o en la vía pública, el incumplimiento de un contrato, el no pago de alimentos, la violencia de género o familiar o cualquier hecho de inseguridad.

Tampoco basta con expresar nuestro rechazo. Debemos realizar acciones concretas que no solo respondan a la coyuntura sino que, además, ataquen el problema de fondo. Si no actuamos así, encarando urgentes reformas en lo inmediato y en el mediano y largo plazo, seguiremos con esta vergüenza nacional que, ya sabemos, por las experiencias de Brasil y de Ecuador, entre otros casos, que se trata de políticas regionales de utilización de la magistratura para incidir y decidir sobre el destino de nuestros países.

Ahora hay que decir muy claro la “justicia” que no queremos. Pero como lo hemos sostenido permanentemente desde la FJA, hay que empezar a delinear y dar pasos concretos en la construcción de un sistema judicial que se corresponda con un modelo de país democrático, soberano, independiente, pacífico y basado en la justicia social y los derechos humanos. Urge comprometer a la sociedad toda en la Democratización del Poder Judicial.

(*) Federación Judicial Argentina, de la que es integrante el gremio SITRAJUR.