La Presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Liliana Piccinini, aseguró que en este contexto de pandemia y de incertidumbre en cuanto a su extensión temporal, los “juicios por jurados son impracticables” en el territorio provincial.

Asimismo, aseveró que se deben garantizar los derechos de las víctimas y las personas detenidas. La mejor forma de conciliar el debido proceso con la imposibilidad de realizar los juicios por jurados es que los debates se realicen con jueces técnicos, explicó.

El proyecto legislativo presentado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo de Ministros, da cuenta de esa imposibilidad y promueve una solución acotada en el tiempo que tiene en cuenta las garantías del debido proceso.

Así fue visto oportunamente por el Poder Judicial, con participación de la Procuración, y así será manifestado por la Presidencia del STJ si es invitada por la Comisión Legislativa pertinente a brindar los argumentos jurídicos que respaldan esta postura.

Materialmente imposible

“Aún en los denominados puntos blancos, o ciudades sin circulación viral, se debe tener en cuenta que una audiencia de selección conlleva el ingreso de 24 ciudadanos, más las partes, más el juez y el operador de sala, como mínimo”, argumentó Piccinini.

“Luego tenemos el desarrollo en sí del juicio, ya con 12 ciudadanos y ciudadanas, más los suplentes, testimonios, peritos, las partes”, explicó. En cualquier contexto sanitarios que detente cada localidad, “es materialmente imposible contar con salas donde se garantice la distancia mínima entre los participantes y que, además, cuenten con el sistema de videograbación que el Código Procesal Penal impone”.

Recordó, asimismo, que el jurado está integrado por ciudadanas y ciudadanos de distintas localidades, dentro de una misma circunscripción, y en ocasiones estas ciudades tienen restricciones y distintos estatus sanitarios.

Garantías de víctima y detenido

Luego de detallar la imposibilidad material de desarrollar los juicios por jurados, la presidenta del máximo tribunal se refirió a la necesidad de resguardar el debido proceso y las garantías tanto de la víctima como de la persona que está detenida sin condena.

“El sistema de jurados populares se implementa para delitos de gravedad, y los acusados que ya están con un pié en el juicio están generalmente privadas de la libertad. Esos delitos tienen víctimas. Entonces, víctima e imputado tienen derecho a la certidumbre, a tener un juicio justo. La víctima tiene derecho a que el hecho que ha lesionado sus intereses sea juzgado inmediatamente”.

En este contexto, se preguntó: “¿Como garantizar esto en un contexto de pandemia que no te pone fecha de corte? No se sabe si será en agosto, en septiembre o en diciembre”. De esta manera, concluyó, es preciso “permitir que ambas partes vayan a un juicio con jueces profesionales y con todas las garantías procesales”.

Recalcó, asimismo, que la suspensión de plazos rige para determinadas cuestiones, pero “los días que una persona está detenida no están suspendidos. Esos son días reales, objetivos, concretos, que transcurren y se contabilizan”.

“La Corte lo ha dicho infinidad de veces, pero yo lo resumo en el plazo razonable, en la certidumbre, en tener de una vez definida su situación frente a la ley. La víctima merece el derecho de ir al juicio y que su representante, que es el Ministerio Público Fiscal pueda demostrar que el hecho existió, el sufrimiento, las consecuencias para la víctima. Esas son garantías que no veo que mermen si en vez de un juicio por jurados lo hacen jueces técnicos en este contexto”, añadió.