ATE señala, además, que todo incremento de haberes debe ser liquidado con retroactividad al 1 de enero, en blanco, remunerativo e incorporarse al salario básico. Así también, debe hacerse una revisión trimestral sobre el impacto real de la pauta salarial otorgada. 

Sin embargo, el porcentaje final a requerir por los estatales se anunciará una vez finalizadas las mediciones propias que se llevarán adelante en todo el territorio provincial sobre el costo que tiene en cada región la Canasta Familiar Total. Para este trabajo se utilizará la metodología propuesta durante los últimos años por los propios trabajadores del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

"Destacamos que luego de tantos años se haya logrado un posicionamiento conjunto con el resto de los sindicatos de la administración, que permitirá poner en evidencia a un Gobierno que quiere bajar nuestros sueldos en este año", remarcó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y CTA Río Negro y agregó: "Para nosotros, un 40 por ciento puede ser tenido en cuenta como piso de discusión para el primer semestre del año. De todos modos, el porcentual final surgirá del relevamiento de costos que la Canasta Familiar tiene en cada región de la provincia".

Otras demandas comunes a los sindicatos, puestas de manifiesto en la conferencia de prensa en Viedma, son paritarias libres para todos los trabajadores, condiciones de trabajo adecuadas; y el rechazo a cualquier despido dentro del Estado, a la precarización laboral en todas sus formas y a la judicialización de la protesta social.

Acampe y bloqueos a la Función Pública

Por otro lado, desde la entidad sindical se recordó que mañana desde las 06.00 horas se iniciará un acampe y bloqueo de los ingresos a las oficinas de la Secretaría de la Función Pública y Reconversión del Estado en la capital provincial. 

Esta medida se concreta a partir del funcionamiento ilegal de ese organismo y para rechazar el acuerdo ya existente entre UPCN y el Gobierno, que busca aplicar una baja salarial para el presente año a partir de una discusión salarial simulada. "Bloquearemos la Función Pública para intentar que no se materialice una farsa de discusión salarial. En estos días enfrentamos una pantomima, a cargo del Gobierno y UPCN, para hacernos creer que se discute un incremento. El funcionamiento de este organismo es ilegal y no podemos permitir que se vuelva a discutir algo tan sensible como los salarios a espaldas de los empleados públicos", concluyó Aguiar.