Este laboratorio, creado en el año 1991 mediante la Ley 2530, "se encuentra sin producir y con importantes dificultades de funcionamiento. Actualmente se trabajan solo siete fórmulas médicas, cuando tiempo atrás se llegaron a producir más de 35; además de contar con personal altamente calificado que no tiene funciones asignadas", señalaron desde ATE.

La Central Obrera pudo constatar que "en el último tiempo se retiraron de las instalaciones costosas maquinarias y aparatología sin que pueda conocerse el destino final de las mismas. Del mismo modo se tuvieron que desechar más de 3.000 pastillas del medicamento "Enalapril" por encontrarse vencidas".

"Llama la atención de los trabajadores que, además, se haya contratado ‎a una persona que viaja todos los meses desde otra parte del país, bajo la supuesta finalidad de realizar un control de calidad, pero que permanece en Viedma un solo día, cobrando por ello $30.000 de honorarios, cuando nunca resultó necesario en los últimos 26 años la contratación de consultoras externas rentadas", indicaron.  

Asimismo sostuvieron que "resulta claro que en la actualidad el PROZOME, por abandono del Estado o por un proceso de privatización iniciado por el actual gobierno, ha dejado de cumplir con la importante función social que fue la razón de su creación". 

En todos los centros de salud, hospitales y establecimientos penales de la provincia "hay faltante de medicamentos esenciales que antes ‎eran provistos por el laboratorio estatal". 

"La sospecha sobre un posible negociado con poderosos laboratorios, surge a partir que el Estado está comprando a proveedores privados los medicamentos que producía el PROZOME, gastando un 40% más de presupuesto en ese rubro", consideraron. 

A su vez manifestaron que "aparece una seria irregularidad a la hora de constatar que se compran medicamentos en el mercado privado y luego se les colocan adhesivos como si hubiesen sido fabricados por el Estado". 

"La constante falta de medicamentos en los centros de salud, genera un gasto adicional millonario para el Estado, toda vez que, en más de una oportunidad los pacientes tienen que interrumpir los tratamientos, generando más internaciones y costosos servicios médicos. La política de prevención que caracterizó durante años al PROZOME ha desaparecido y hoy no existen lineamientos claros de gestión", dijeron. 

Entonces aseguraron que "la CTA sostiene que las políticas del Gobierno Provincial, frente a los aumentos sostenidos en el costo de los medicamentos que se han dado ‎durante los últimos años, contribuyeron a agrandar la brecha entre ricos y pobres, rompiendo con la equidad que la producción estatal de medicamentos garantizaba". 

Por último, desde la CTA se tomó como ejemplo el Hospital "Artémides Zatti" ‎y "se consignó que ese nosocomio adquiere en compra a privados entre 30.000 y 35.000 comprimidos mensuales para la atención de 600 pacientes, a un costo de $56.000. Cada tratamiento requiere de 60 comprimidos. Considerando que hay realidades similares en los hospitales más importantes de la provincia, si el PROZOME volviera a funcionar con normalidad, el Estado se ahorraría más de $6.000.000 al año".

"El medicamento debe ser entendido como un bien social, básico, fundamental y no como una simple mercancía. El actual gobierno ‎busca terminar con la política preventiva que, en materia de salud, caracterizó al PROZOME durante muchos años. Este laboratorio estatal fue pensado para llevar equidad a los más pobres y a la población en riesgo y no para que se favorezcan negociados con la industria farmacéutica", recordó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y CTA Río Negro y agregó: "Sin dudas ‎que están violando el artículo 59 de nuestra Constitución Provincial, que garantiza la igualdad de oportunidades de acceso a la salud de todos los que habitamos Río Negro. El interrogante que surge es por qué si tenemos el personal calificado y la infraestructura ideal para producir, hemos empezado a comprar medicamentos a proveedores privados por sumas realmente millonarias".

"Más allá de lo que diga el Gobierno, los hechos muestran que se está vaciando y desmantelando al laboratorio estatal. Este proyecto nació en la década del 90 cuando todo se privatizaba en el país. Es responsabilidad de todos ‎defenderlo", concluyó el dirigente sindical.