Señalaron que dicha funcionaria “en su singular marco de comprensión y sin sustento normativo alguno, eliminó un derecho garantizado en el artículo 14bis de la Constitución Nacional, respecto de protección del trabajo, descanso y vacaciones pagados”.

“Claramente, ninguna norma establece las facultades de las que la Sra. Procuradora pretende hacer uso, sino que, muy por el contrario, el mismo artículo 61 de la ley K 4199 expresamente dice que “Los funcionarios de Ley, empleados de planta y transitorios que cumplen sus tareas en el ámbito del Ministerio Público, continuarán sujetos a las prescripciones del Libro Segundo Sección Tercera Título Segundo Capítulo Único de la Ley Provincial K Nº 2430 # y del Reglamento Judicial #, en todo lo atinente al escalafón, condiciones de ingreso, carrera, estabilidad, régimen disciplinario, derechos y deberes, prohibiciones, licencias y remuneración”, indicaron.

Mencionaron que “para los trabajadores resulta intolerable la eliminación del derecho a gozar de licencias pendientes, mediante el dictado de un acto administrativo de alcance general por parte de la Sra. Procuradora cuando, además, carece de competencia para ello, con el agravante que las licencias pendientes de goce, tienen la prohibición de ser cambiadas por remuneración, ya que tienen como objetivo el descanso del trabajador, y fueron pospuestas por las necesidades de servicio de justicia”.

“Este atropello llega como corolario de un sinfín de abusos y arbitrariedades que pueden resumirse con exorbitantes fiestas en hoteles internacionales de San Carlos de Bariloche, violaciones sistemáticas a la ley de paritarias con modificaciones de jornadas de trabajo y al régimen de licencias de los trabajadores, maltratos laborales, sanciones disciplinarias, persecuciones gremiales y traslados compulsivos”, indicaron.

Por último precisaron que “los Judiciales no estamos dispuestos a soportar, NI UN ATROPELLO MAS por parte de esta funcionaria pública. Es por ello que nos presentaremos con dicha denuncia en la sala acusadora de la legislatura y advertimos que este nivel de provocación, ha generado un conflicto de tal magnitud, que resulta imposible cualquier intento de implementación de la reforma del código procesal penal, ya que en este marco dicha reforma solo actuara como punta de lanza para consolidar la precarización laboral en el ministerio publico”.