“El caso especifico de la Comunidad Las Aguadas de Bahía Creek es un ejemplo que representa con claridad que cuando los gobiernos interceden en favor de intereses concentrados, la única herramienta para hacer oír y escuchar la voz de las comunidades originarias es la protesta y el reclamo ante las autoridades gubernamentales”, aseveraron.
Agregaron que “peticionar a las autoridades es un derecho fundamental establecido en la Constitución, y no sólo garantiza esa posibilidad sino que representa la necesidad de tener respuestas a esas peticiones, cosa que no ocurre hace al menos 20 años”.
“Si a ese derecho constitucional agregamos otro de igual importancia como lo es Articulo 42 de la Constitución Provincial que establece que el Estado “promueve la propiedad inmediata de la tierra que posee estamos ante un evidente incumplimiento de los deberes de funcionario público de larga data”, consideraron.
En síntesis reflexionaron que “la situación respecto a la posesión de las tierras no es un problema exclusivo del gobierno actual, pero si es una responsabilidad indelegable de la que no puede sustraerse y mucho menos de esta manera. La paz social, el respeto por la diversidad y el cumplimiento de la Constitución sólo pueden ser garantizados cuando se gobierna para todos”.
9 enero 2026
Viedma