A partir de ahora, y si la acción se propaga por todo el país, sería tan grave que la fuerza podría solicitar el DNI en lugares públicos y hasta se podrían producir detenciones por el simple hecho de no portar esa documentación.
La medida carece de fundamentos constitucionales, ya que se desprende de las garantías contenidas en la mencionada Carta Magna que la policía no pueda impedir la circulación, aunque fuera por un tiempo mínimo, ni exigir documentación si no cuenta con un motivo válido para hacerlo. Si eso sucede sin que exista un "supuesto real de sospecha", estaríamos ante una privación de la libertad ambulatoria.
No existen dudas en relación a que se van a acrecentar las arbitrariedades policiales. Nuestro país ya fue sancionado por estas prácticas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el recordado "caso Bulacio".
"Esta medida importa un retroceso de magnitud en materia de derechos humanos y favorece la corrupción policial", sentenció Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y CTA Río Negro y advirtió que "nuestros jóvenes y los más pobres son los que más van a sufrir las arbitrariedades de la fuerza policial, ya que la selectividad sigue siendo la principal característica del sistema penal y de las fuerzas de seguridad".
5 mayo 2024
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