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En virtud de esto, el secretario del gremio aclaró que “Malis, como asesor legal (que además firmó la disposición interna que pretende cambiar el organigrama de manera inconsulta) no puede estar en desconocimiento de la Ley 3052, que es la que regula este tipo de acciones institucionales en el ámbito de la Administración Pública”.
Por otro lado indicó que “esto que ha pasado en el IDEVI constituye un hecho institucional grave, que se convierte en un delito, ya que viola una Ley de la Función Pública que establece que los cambios en el organigrama deben hacerse de una determinada manera, precisada puntualmente en la herramienta legal.”
En el marco de estos planteos, Rubén Crespo solicitó una audiencia con la Secretaria de la Función Pública, Isabel Tipping, en espera de la contestación a la nota presentada el lunes, donde se denuncian “los arbitrarios cambios impuestos en el organigrama”.
La respuesta de la Función Pública será puesta a consideración de los trabajadores en una asamblea gremial en el IDEVI
28 diciembre 2025
Viedma