El apoderado de EPUC, Guillermo Cevallos, manifestó que “Bustamante hizo lugar, luego de una meditación muy amplia, de todas las pruebas colectadas en la causa, en una sentencia que tiene 30 hojas. Ha tenido una dedicación a clarificar todo lo sostenido punto por punto por la parte de la Lista EPUC de las pruebas producidas”.

Asimismo indicó que “para poder tomar esta decisión, la Cámara Laboral de Viedma ha merituado todas las pruebas producidas por esta parte y también las pruebas de descargo producidas por la Junta Electoral. Y fue desvirtuando punto por punto todos los descargos de la Junta Electoral, hasta llegar a tener por acreditado un conjunto de irregularidades en el obrar de la Junta Electoral, que tiene su primera expresión un poquito antes de la convocatoria a elecciones”.

También dijo que “luego se designa la Junta Electoral por la Junta Nacional, y nosotros empezamos a impugnar la composición de la misma. Había una persona que era pariente de Scalesi, y la Junta rechazó el pedido de recusación que hicimos. El estatuto no dice nada, pero las normas del Código Procesal implica que alguien que va a juzgar tiene que ser imparcial. Esto obliga a que la Junta Electoral debiera ser objetiva, sino que Scalesi se siente en el quincho de su casa a contar los votos y se terminó la historia”.

Además señaló que “eso no fue tenido en cuenta, fue rechazado porque decían que era extemporáneo. De ahí en adelante fue todo un cúmulo de tareas y llantos por parte de la Junta Electoral que fueron viciando al procedimiento. Tal es así que el Juez lo tuvo por acredito a este conjunto de vicios, y por eso es que termina dictando esta medida cautelar. Habla de nulidades, de vicios, de movimientos no objetivos de la Junta Electoral, con un tono muy crítico”.

“Termina la sentencia ordenando puntos claros. El primero es suspender todos los efectos del escrutinio, es decir no hay escrutinio. Porque se hizo de forma unilateral, no se dio participación, a pesar de que ellos en el expediente dicen lo contrario pero no lo pudieron acreditar, nosotros si lo acreditamos que se impidió la participación por parte del apoderado de la Lista EPUC. Hay un acta notarial incluida al expediente, y el que diga lo contrario está faltando a la verdad, eso está constatado por escribano”, añadió.

A su vez comentó que “en segundo lugar durante la elección nunca se entregó un solo certificado de escrutinio, es decir el resumen de la mesa que tienen que entregar la autoridad de la mesa, el presidente, firmado por los fiscales para que sepan cual fue el escrutinio, no fue entregado en ninguno de las 150 mesas. Eso permite lo que nosotros sostenemos lo que fue una adulteración de urnas cuya conservación y traslado estaba a cargo de la Junta Electoral, es lo que no se acreditó porque llegaron dos días más tarde”.

“Así que el Juez, teniendo por acreditado todos estos hechos y aplicando las normas del Código Electoral Nacional que son básicas para todas las elecciones, dispuso suspender todos los efectos del acto eleccionario, hasta tanto se resuelva en definitiva, ya sea en sede administrativa, o sea en Junta Electoral Nacional de UPCN y/o judicial, que puede ser la Cámara de Trabajo Nacional”, añadió.

Más adelante sostuvo que “en el caso de que alguien lo desobedezca, incurre en el delito de desobediencia judicial, y se le aplica una multa de 50 mil pesos, que por otro lado es inapelable. No pueden protestarla, no se puede apelar porque es una medida cautelar que está para proteger derechos vulnerados en forma inmediata que han sido sumariamente acreditados”.

Cevallos explicó que “lo que resuelve en el punto dos de la sentencia es extraer copias certificadas de la sentencia y notificar a la Junta Nacional de UPCN, y la otra copia que ordena el Juez es a la Jueza Federal de Viedma porque hay una denuncia penal por adulteración de urnas en una mesa que vino de Bahía Blanca por la autoridad electoral que designó UPCN en su momento. En esa urna se falsificaron cuatro votos, está acreditado, las cuatro personas que tenían que votar que estaban en Buratovich no votaron, y esos votos aparecieron después en el recuento. Así que estamos esperando que la Justicia cite a declarar a las cuatro personas que nunca votaron, para poder acreditar que esa urna fue fraguada”.

En cuanto al tiempo de resolución del conflicto, consideró que “la actual conducción tiene mandato hasta noviembre, creemos que con esta sentencia que avala todos los puntos que nosotros presentamos y acreditamos, esta elección se tendría que declarar nula por parte de la Junta Electoral Nacional por todos los vicios que ha tenido, y llamarse a nuevas elecciones, con garantías democráticas”.

Por último manifestó que “no descartamos que termine en el Ministerio de Trabajo, nosotros creemos que la máxima autoridad nacional debe apartarse de cualquier injerencia política en la Junta Electoral aunque no queremos que sea muy probable”.