Bajo la presidencia del legislador César Miguel, la Comisión trató la situación de los lotes 78 y 79 de la sección novena del Paraje El Foyel, donde oportunamente se pidió se investigue la venta de derechos y mejoras realizadas sin el consentimiento de la familia Buchile, integrante de la comunidad indígena “Las Huetekas”.

Al respecto, la Comisión resolvió poner en conocimiento y solicitar la intervención de la Dirección de Tierras de la provincia, la Fiscalía de Estado. la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la Subsecretaría de Recursos Forestales.

En otro expediente, relacionado con la solicitud de compra de parte del lote 99 de Mallín Ahogado, se dispuso “sin más trámite” elevar las actuaciones a la Fiscalía de Estado, a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y a la Defensoría del pueblo “a fin de que actúen en el ámbito de su competente intervención”.

Un tercer expediente, el 1.391 del año 2013, refiere a la situación generada a partir de la compra de tierras fiscales en la zona de Pampa de Luden de la localidad de el Bolsón.

En ese sentido, la Comisión aconseja girar lo actuado a la Fiscalía de Estado, a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y a la secretaría de Medio Ambiente “para que actúen en la órbita de su competencia”, recordando que el citado expediente tiene su análisis judicial en curso, con la presencia de ex funcionarios gubernamentales imputados en el fuero penal de Viedma.

Por ende, la Comisión concluye que “de acuerdo a los antecedentes y toda vez que se encuentra en juego el principio de legalidad y el orden público involucrado retrotraerse la operación efectuada”.

En todos los casos, la Comisión dejó expresa constancia de cumplir con la manda constitucional establecida en el artículo 75 de la carta magna provincial donde “la provincia considera a la tierra como instrumento de producción que debe estar en manos de quien la trabaja, evitando la especulación, el desarraigo y la concentración de la propiedad”.