“Es necesario debatir algunos puntos concretos en cuanto a la reforma planteada. Formamos parte, a nivel nacional y provincial, de un gobierno progresista, que garantiza y protege los derechos y garantías de nuestros niños, niñas y adolescentes, ratificados a través de tratados internacionales, e incorporados a nuestra normativa interna”, disparó la parlamentaria y agregó: “el proyecto es un claro retroceso y contiene un fuerte sesgo clasista”.

En este sentido, Dieguez expresó su posición contraria a la baja de la edad de punibilidad-de 18 a 16 años argumentando que “de esta forma se desvía el eje fundamental del conflicto, transformándose en una discusión estéril, y aferrándose a falsas y mágicas antinomias que evitan debatir alternativas reales: la inclusión social, la educación, la movilidad social ascendente, la erradicación de la corrupción policial, la contención por parte del Estado hacia los más vulnerables, hacia los más pobres”.

Además, la legisladora agregó su desacuerdo categórico en lo que refiere a la posibilidad de que “la autoridad policial resguarde la integridad física de los afectados manteniéndolos bajo custodia en los locales policiales hasta que cesen los efectos del alcohol o estupefacientes”. “Existen sobradas pruebas de que las adicciones deben ser tratadas en el ámbito de la salud mental o de manera interinstitucional y no condenadas o criminalizadas con una demora en una institución penal”.

Por último, la parlamentaria manifestó su rechazo al “establecimiento de sanciones económicas, como alternativas a la privación de libertad, establecidas con monto mínimo de un salario vital y móvil. De esta forma estamos reproduciendo una lógica de desigualdad socioeconómica, en donde los que más tienen pagan una multa económica, evitando la pena privativa de la libertad, mientras que los sectores de menores recursos pagan con la cárcel”.