La iniciativa autoriza al Poder Ejecutivo a disolver y liquidar la empresa Tren Patagónico S.A. y a transferir el personal al nuevo organismo, respetando la clase, categoría y antigüedad de cada agente. A partir de la transferencia, la relación entre la entidad y el personal dependiente se regiría por las normas de empleo público.

Define además que la concesión del servicio dada por el Estado nacional y el material tractivo y rodante bajo administración provincial sería intransferible sin previo acuerdo de la Legislatura.

Casadei sostiene que el servicio ferroviario tiene que ser prestado por el Estado y que existe “una sociedad anónima deficitaria que, de no ser por la asistencia estatal, estaría en estado de cesación de pagos permanente y que, para evitarlo, resulta necesario recurrir a situaciones irregulares“.

En los fundamentos, explica que en respuesta a las políticas públicas imperantes en la década del 90, la Legislatura creó la sociedad anónima “Servicios Ferroviarios Patagónicos S.A.”, como ente descentralizado -luego transformada en “Tren Patagónico S.A.”-, pero que “todos los esfuerzos por asociar a privados fue estéril”.

En este sentido, señala que “el Estado tuvo que transferir recursos en forma constante a la empresa, generando una situación irregular, ya que se lo hacía como aporte a cuenta de incremento de capital, que debió derivar en la emisión de nuevas acciones cuando los aportes se utilizaban para pagar gastos de funcionamiento, principalmente, salarios y combustible”.

Según el articulado, el Ente prestaría servicio de pasajeros y de cargas en las redes concesionadas por el Estado nacional y en las que se construyan posteriormente, y tendrá facultades para la planificación, construcción, mantenimiento, administración, rehabilitación y mejoramiento de la red ferroviaria y del material tractivo y rodante.

En este sentido, podría celebrar contratos, convenios y acuerdos con reparticiones públicas de esta provincia u otra jurisdicción, o con entidades privadas vinculadas a la cuestión ferrovial.

Previamente, TREN PATAGONICO E.A.R. tendría que elaborar un estudio global del estado en el que se encuentran las redes ferroviarias dadas en concesión y las propias, determinando las inversiones a realizar en el corto y mediano plazo. Asimismo, realizará un relevamiento del material tractivo y rodante y de las necesidades de inversiones.

Su presidente sería designado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Parlamento rionegrino. Esta función recaería en una persona “de reconocida trayectoria y experiencia en la materia”, pero no podría ser elegido un contratista, integrante o empleado de empresas vinculadas contractualmente con la Provincia o que ejecute obras ferroviarias o ferroviales en el territorio de Río Negro.