“Así se premia el esfuerzo de los que optan por proseguir sus estudios y se incentiva al resto a seguir su ejemplo,” subrayaron los Magistrados.

Los Jueces requirieron además al Superior Tribunal de Justicia para que, por su intermedio, se arbitre lo pertinente para que el Poder Ejecutivo Provincial cumpla acabadamente con los planes de estudios que prevé la norma como medio de estímulo para la reducción de la pena y se proceda a la inmediata implementación, en forma regular y permanente, para que todos los detenidos tengan la posibilidad y puedan verse beneficiados en la totalidad de las situaciones previstas en la citada norma legal.

“Ello en función que en la Primera Circunscripción Judicial han existido y existen, serias dificultades para el pleno uso de estos derechos de las personas privadas de su libertad, y que el espíritu legislativo de las leyes antes citadas no se limita a la concreción de la primaria o del secundario, o de simples cursos de capacitación en oficios, sino que contempla situaciones a niveles superiores hasta la obtención de los respectivos títulos, que no es lo que habitualmente y en la práctica se observa desde los Estrados Judiciales”.

Opinaron que por “los fundamentos que acompañaron a este proyecto de ley, se pretende avanzar en cuatro direcciones: el reconocimiento del derecho de las personas privadas de su libertad a la educación pública, la instauración de la escolaridad obligatoria para los internos que no hayan cumplido el mínimo establecido por la ley, la creación de un régimen de estímulo para los internos y el establecimiento de un mecanismo de fiscalización de la gestión educativa.