7 agosto 2012 Río Negro Comentar
Al respecto, la diputada progresista detalló a Mango en la nota que: “Existe una clara violación de derechos constitucionales en relación a las personas en condición de encierro. La educación pública en las cárceles es un derecho humano que aspira al desarrollo integral de la persona, a mejorar su calidad de vida, a formarse profesionalmente, acceder y disfrutar de la cultura, sin duda lo ayuda al privado de libertad a reinsertarse en la sociedad con oportunidades que le permitan construir un proyecto de vida”.

Cabe recordar que la Ley S Nº 3961, crea el Programa Provincial de Educación Penitenciaria (PPEP) “Aulas, sin Muros”, cuyo objeto es la enseñanza de nivel primario y medio de internos alojados en las alcaidías, cárceles y penitenciarías dependientes del Servicio Penitenciario Provincial.

“La norma contempla la creación de una Coordinación General Provincial de Educación Penitenciaria, dependiente del Consejo Provincial de Educación -hoy Ministerio de Educación-, y del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Río Negro, cuya tarea es: Diagramar, planificar y coordinar la diagnosis del Programa Provincial de Educación Penitenciaria (PPEP); elaborar los lineamientos básicos programáticos, institucionales, pedagógicos, sociales y laborales del PPEP; garantizar la capacitación del personal afectado al programa mediante la implementación de cursos o suscripción de convenios con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación; llevar adelante el seguimiento y evaluación provincial del programa en los aspectos pedagógicos, administrativos y de recursos humanos y elaborar y elevar al Ministerio de Gobierno y al Consejo Provincial de Educación, un informe anual referido al desarrollo e implementación del programa”, agregó la Legisladora Provincial.

La ley también determina que la Coordinación General Provincial de Educación Penitenciaria contará con coordinaciones locales con funciones precisas en cada una de las localidades que cuenten con establecimientos penitenciarios, alcaidías y cárceles.

Asimismo, Magdalena Odarda expresó al Ministro de Educación rionegrino que “La misma norma, implementa la educación formal a cargo de maestros de la escuela pública, lo que significa un posicionamiento ideológico claro en relación a que la educación de personas en situación de encierro, debe estar bajo la órbita del Ministerio de Educación y no ser dictada por personal penitenciario, tal como ocurre en muchos establecimientos carcelarios nacionales. El sistema aulas sin muros va mucho más allá, pues contempla un sistema de designación de cargos docentes transparentes y la formación específica para la educación en condiciones de encierro de los alumnos”.

“Teniendo en cuenta que el Estado rionegrino ha asumido el compromiso de la firme implementación de la educación en las cárceles, y sabiendo de su real conocimiento del tema por provenir del ámbito educativo público, es que le solicito se tenga en cuenta dentro del debate de la nueva Ley de Educación en la Provincia, a la Ley S Nº 3961 “AULA SIN MUROS”, concluyó Odarda en la misiva elevada a Marcelo Mango.