Las cámaras empresarias de Sierra Grande reclamaron una mayor participación de trabajadores, comercios, prestadores de servicios y empresas rionegrinas en los grandes proyectos que se desarrollan en la provincia y plantearon que las inversiones deben traducirse en empleo y actividad económica local.

El planteo fue realizado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Sierra Grande y la Cámara de Empresarios y Emprendedores de Sierra Grande (CEESIG), que expresaron su acompañamiento al reclamo formulado por la Cámara de Comercio, Industria y Minería de Ingeniero Jacobacci a partir de los recientes acontecimientos vinculados con el Proyecto Calcatreu.

Las entidades sostuvieron que no existe un desarrollo regional efectivo si las inversiones que llegan a las localidades no generan oportunidades concretas para quienes viven, trabajan, invierten y tributan en Río Negro. En ese sentido, remarcaron que los denominados Trabajo Local y Compre Local deben avanzar de manera conjunta.

Las cámaras recordaron que la provincia cuenta con normas específicas destinadas a garantizar ese objetivo, entre ellas la Ley Provincial N° 5.804, vinculada con la mano de obra local, y la Ley Provincial N° 5.805, correspondiente al Régimen de Proveedores Rionegrinos.

Señalaron que ambas leyes no deberían quedar reducidas a una declaración de principios ni convertirse en un requisito meramente administrativo. Su cumplimiento, plantearon, debería reflejarse en las nóminas de trabajadores, licitaciones, invitaciones a cotizar, órdenes de compra y contratos relacionados con los grandes proyectos.

Desde las instituciones empresarias señalaron que vienen trabajando junto con el Gobierno de Río Negro, las autoridades competentes y el Municipio de Sierra Grande para generar mecanismos que permitan ampliar la participación de trabajadores y empresas de la localidad en los proyectos estratégicos que se desarrollan en la región.

Las cámaras valoraron ese trabajo institucional, aunque remarcaron que el cumplimiento efectivo de las leyes provinciales es responsabilidad final de las empresas comitentes que llevan adelante los proyectos.

En ese sentido, señalaron que son esas compañías las que definen sus cadenas de contratación, procedimientos de compras, empresas contratistas y subcontratistas, proveedores invitados a cotizar y mecanismos de distribución de los contratos.

Por eso, plantearon que la legislación provincial debe constituir una condición obligatoria dentro de toda la cadena contractual y no limitarse a la relación entre la empresa principal y su contratista directo.

El reclamo apunta a que las empresas comitentes establezcan las exigencias en los contratos, fiscalicen su cumplimiento, midan los resultados y los hagan extensivos a contratistas y subcontratistas que intervengan en los proyectos.

En particular, las cámaras solicitaron a VMOS en Sierra Grande y CESA en San Antonio Oeste, además de sus empresas contratistas y subcontratistas, el cumplimiento de las Leyes Provinciales N° 5.804 y N° 5.805.

Para las entidades, los grandes proyectos energéticos y de infraestructura que se desarrollan actualmente en la costa rionegrina representan una oportunidad para la provincia, pero su impacto debería medirse también por el nivel de participación que tengan las economías locales.

Entre los indicadores propuestos mencionaron la cantidad de trabajadores rionegrinos incorporados, las empresas locales contratadas, el volumen económico adquirido a proveedores de la provincia y la participación de firmas de Sierra Grande, San Antonio Oeste y otras localidades directamente involucradas.

También plantearon medir la cantidad de oportunidades de cotización generadas y el porcentaje real de la inversión que permanece dentro de la economía regional.

Las cámaras coincidieron además con el planteo de la entidad empresaria de Ingeniero Jacobacci sobre la necesidad de contar con información objetiva y periódica que permita evaluar el cumplimiento de las políticas de contratación local.

En ese sentido, propusieron que los grandes proyectos informen qué porcentaje de sus compras, servicios y obras es contratado a empresas rionegrinas, cuánto de ese volumen corresponde a proveedores de las localidades directamente involucradas y qué cantidad de proveedores locales se encuentran activos.

También solicitaron conocer las próximas necesidades de contratación y los mecanismos mediante los cuales las empresas de la provincia pueden participar de los procesos y presentar cotizaciones.