La iniciativa del Gobierno nacional para modificar la Ley de Tierras sigue acumulando cuestionamientos en Río Negro. Esta vez fue el bloque PJ–Nuevo Encuentro de la Legislatura provincial el que volvió a expresar su rechazo al proyecto que propone flexibilizar las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de capitales extranjeros, al considerar que implica un retroceso en materia de soberanía territorial y control de recursos estratégicos.

A través de un pronunciamiento, las y los integrantes del bloque sostuvieron que la propuesta excede una modificación normativa y representa un cambio de criterio sobre el rol del Estado en la administración del territorio. Indicaron que la flexibilización de los controles podría favorecer la concentración de tierras en manos de grandes capitales sin garantizar beneficios para las comunidades locales.

El legislador Leandro García planteó que el debate adquiere una relevancia especial en Río Negro por tratarse de una provincia con zonas de frontera, importantes recursos hídricos, bosques nativos, tierras productivas y amplias superficies fiscales. En ese sentido, afirmó que avanzar con menores controles sobre la adquisición de tierras por parte de extranjeros mientras continúan pendientes los procesos de regularización dominial para numerosas familias rionegrinas, refleja una situación de desigualdad.

El parlamentario también advirtió que la región andina concentra algunos de los recursos naturales más estratégicos del país y consideró que reducir las herramientas de control sobre la concentración y extranjerización de tierras implica limitar la capacidad de decisión sobre el territorio y comprometer su preservación para las próximas generaciones.

Desde el bloque señalaron además que el proyecto nacional deja expuesta una diferencia de tratamiento entre los grandes inversores y quienes viven y producen en el ámbito rural. Indicaron que mientras muchos productores familiares, pobladores históricos y ocupantes continúan esperando la titularización de las tierras donde desarrollan su actividad, la iniciativa busca facilitar el acceso de grandes capitales a inmuebles considerados estratégicos.

García vinculó además la propuesta con otras medidas impulsadas por la administración nacional, como el RIGI y distintas políticas de desregulación económica. Afirmó que forman parte de una misma orientación sobre el uso de los recursos naturales y el patrimonio territorial, sin una planificación vinculada al desarrollo regional.

Por su parte, el presidente del bloque, Daniel Belloso, sostuvo que la defensa de la tierra debe mantenerse como una política de Estado y expresó que la flexibilización de la legislación debilitaría las herramientas destinadas a preservar la soberanía territorial y la capacidad de las provincias para definir su propio desarrollo.

Belloso también remarcó que Río Negro posee una responsabilidad particular por su ubicación geopolítica, la extensión de su territorio y la importancia de sus recursos naturales. En ese marco, convocó a los distintos espacios políticos, organizaciones e instituciones a respaldar una legislación que resguarde el patrimonio nacional.