El proceso para incorporar a 4.208 trabajadores y trabajadoras contratadas a la planta permanente del Estado rionegrino comenzará formalmente en los primeros días de julio, cuando el Poder Ejecutivo envíe a la Legislatura el proyecto de ley anunciado esta semana por el gobernador Alberto Weretilneck junto al secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.

Los detalles de la implementación fueron adelantados por la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, quien explicó que la iniciativa ya está en elaboración y que, una vez sancionada la ley, deberá completarse con un decreto reglamentario que establecerá requisitos, plazos y procedimientos para concretar los ingresos.

La funcionaria explicó que el trámite no será inmediato. “Estamos dentro de los seis y ocho meses para concluir completamente el pase a planta permanente”, señaló, en referencia al tiempo estimado entre la sanción de la ley y la firma de los decretos individuales de cada agente incorporado.

Lastra remarcó que el ingreso a planta permanente no será automático. Explicó que cada trabajador deberá cumplir una serie de condiciones, atravesar instancias de evaluación y aprobar un examen vinculado a las tareas que desempeña dentro de la administración pública.

“Esto es un proceso largo porque interviene el Estado, interviene el agente y hay que verificar el cumplimiento de todos los requisitos”, sostuvo. En ese sentido, anticipó que el Gobierno pondrá especial atención en aspectos vinculados al desempeño laboral y a la conducta administrativa de quienes aspiren a obtener la estabilidad.

Qué se va a evaluar

Entre los puntos que serán revisados aparecen los antecedentes disciplinarios, las ausencias reiteradas y determinadas situaciones vinculadas con licencias médicas prolongadas. La secretaria de la Función Pública afirmó que la instrucción del gobernador fue actuar con “mucha seriedad” y verificar que los requisitos se cumplan “al pie de la letra”.

Uno de los aspectos que tendrá una evaluación específica será la situación de trabajadores que hayan acumulado períodos extensos de licencia médica o readecuaciones laborales. Lastra explicó que esos casos serán analizados por las juntas médicas para determinar si la persona mantiene las condiciones necesarias para desempeñar la función para la que fue contratada.

Como ejemplo, mencionó que no sería razonable confirmar en un puesto específico a una persona que haya sufrido una afección vinculada directamente las tareas que realiza. Por eso, indicó que esos casos serán revisados por los organismos competentes antes de adoptar una decisión definitiva.

La funcionaria sostuvo que el objetivo es garantizar que quienes accedan a la estabilidad laboral cumplan con las condiciones requeridas. “Tenemos que ser rigurosos para tener la menor cantidad de errores posible”, señaló al ser consultada sobre los criterios que se aplicarán durante el proceso.

Las evaluaciones estarán a cargo del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), organismo que tendrá un rol central en la capacitación y en la toma de exámenes. Lastra explicó que la plataforma digital del instituto permitirá que trabajadores de toda la provincia accedan en igualdad de condiciones a los contenidos y a las instancias de evaluación.

“El IPAP es uno de los actores principales de este proceso”, afirmó. Además destacó que la herramienta tecnológica utilizada actualmente permite desarrollar capacitaciones y exámenes de manera ágil y accesible para agentes de distintos organismos y localidades.

El anuncio oficial realizado esta semana alcanzará a trabajadores contratados que cumplan con los requisitos establecidos y que hayan ingresado a la administración pública hasta el 31 de diciembre de 2025. Se trata de uno de los procesos de regularización laboral más amplios de los últimos años dentro del Estado provincial.

Mientras avanza la redacción del proyecto, en la Secretaría de la Función Pública ya trabajan sobre los antecedentes de procesos anteriores para definir los criterios definitivos que quedarán plasmados en la iniciativa que será enviada a la Legislatura durante los primeros días del próximo mes.

Modernizan el control de asistencia en hospitales

La secretaria de la Función Pública también se refirió al nuevo sistema de control de asistencia mediante reconocimiento facial que comenzará a implementarse en hospitales públicos y que reemplazará progresivamente a los actuales equipos biométricos utilizados para registrar ingresos y egresos del personal.

Explicó que la iniciativa se desarrolla en conjunto con los ministerios de Salud y Modernización y será presentada en los próximos días a las organizaciones gremiales. Lastra sostuvo que existe información errónea sobre el funcionamiento de la herramienta y afirmó que el sistema no implica un seguimiento permanente de los trabajadores.

“Hay mucho mito alrededor de este tema”, señaló la funcionaria. Indicó que la tecnología utilizada opera de manera similar a la validación de identidad que emplean aplicaciones bancarias y plataformas digitales, y aseguró que los datos continúan bajo control del Estado provincial.

La funcionaria argumentó que uno de los motivos principales del cambio es el desgaste y la obsolescencia de los equipos actualmente instalados. Explicó que muchos de los dispositivos que registran huellas digitales llevan entre 10 y 15 años en funcionamiento, presentan fallas frecuentes y requieren costos de mantenimiento cada vez más elevados.

Además, consideró que el nuevo sistema permitirá mejorar la administración de los recursos humanos, ya que facilitará el acceso en tiempo real a la información sobre asistencia del personal en los distintos organismos públicos.

Lastra sostuvo que los actuales equipos suelen sufrir roturas y vulneraciones que dificultan su funcionamiento normal. En contraste, señaló que la nueva modalidad permitirá registrar el ingreso y egreso del personal mediante dispositivos móviles, computadoras o terminales instaladas en los accesos a los establecimientos.

Respecto de los plazos de implementación, indicó que el objetivo oficial es avanzar durante julio con las primeras instalaciones, aunque evitó fijar fechas precisas para la cobertura total del sistema. De todas maneras, destacó el trabajo conjunto que vienen realizando las áreas de Modernización, Salud y Función Pública para poner en marcha el nuevo esquema de control en los 36 hospitales públicos de la provincia.