El legislador provincial Leandro García advirtió que la modificación del régimen de subsidios por zona fría aprobada en la Cámara de Diputados de la Nación podría generar aumentos de entre el 40 y el 60 por ciento en las facturas de gas de las familias patagónicas si el proyecto obtiene sanción definitiva en el Senado. El dirigente cuestionó con dureza la iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei y sostuvo que forma parte de “un ajuste brutal sobre los bolsillos de los sectores más vulnerables”.

García explicó que el régimen vigente fue creado en 2002 mediante un fondo fiduciario destinado a compensar el mayor consumo residencial de gas en regiones de bajas temperaturas y recordó que en 2021 el beneficio se amplió a otras zonas del país. Según indicó, la reforma actual “retrotrae” ese esquema y modifica la forma en que se calcula el subsidio.

“El descuento del 50% que hoy se aplica sobre la factura dejaría de calcularse de la misma manera. A partir de ahora sería solamente para quienes acrediten vulnerabilidad y sobre el consumo de gas, no sobre el total de la factura”, señaló en una entrevista realizada en el programa Raíz Informativa, que conduce Pedro Caram.

El legislador remarcó que, aunque en la Patagonia no desaparecería completamente el régimen de zona fría, sí se reduciría significativamente su impacto económico. “Hay especialistas que calculan que las boletas van a aumentar entre un 40 y un 60 por ciento en los próximos meses”, afirmó.

En ese sentido, ejemplificó que una familia que actualmente paga 50 mil pesos de gas podría pasar a abonar alrededor de 70 mil u 80 mil pesos durante el invierno.

“En lugares como la Patagonia no puede ser un privilegio tener gas o calefaccionarse. En la zona andina ya hay temperaturas bajo cero y todavía ni siquiera empezó el invierno”, expresó.

García sostuvo además que las modificaciones se suman a un escenario tarifario que ya viene golpeando fuertemente a trabajadores, jubilados y sectores populares. “Las tarifas se dolarizaron, se eliminaron subsidios y también se redujo la ayuda para quienes usan gas envasado. Todo forma parte de una batería de políticas que tienen el mismo sentido: ajustar sobre los ingresos de los más vulnerables”, manifestó.

El legislador vinculó el incremento de los servicios con el deterioro económico general y aseguró que la caída del poder adquisitivo también impacta sobre la actividad comercial y el empleo regional. “Más plata destinada a cubrir lo básico significa menos consumo, menos movimiento económico y menos trabajo”, sostuvo.

Durante la entrevista, también cuestionó que provincias productoras de gas como Río Negro y Neuquén terminen pagando algunas de las tarifas más altas del país. “Somos productores de energía y sin embargo pagamos tarifas carísimas. Esa es la contradicción que vive la Patagonia”, indicó.

García expresó además preocupación por la situación social derivada de los recortes nacionales en áreas sensibles como discapacidad y salud mental. Señaló que organizaciones vinculadas a personas con discapacidad atraviesan un escenario crítico por la falta de cobertura y financiamiento.

“Se están eliminando herramientas esenciales para acompañar a personas con discapacidad y muchos centros están al borde del cierre. Es cruel ajustar donde más duele”, afirmó.

Respecto del tratamiento legislativo, indicó que el proyecto podría debatirse en el Senado durante las primeras semanas de junio y reconoció que observa un panorama complejo para frenar la iniciativa. “Ojalá prime la lógica y quienes representan a las provincias patagónicas defiendan a sus habitantes”, señaló, aunque admitió ser “bastante pesimista” sobre el resultado final.