El crecimiento del endeudamiento familiar y el aumento de la morosidad en créditos personales y tarjetas motivaron la presentación de un proyecto de ley que apunta a crear un régimen de protección para personas consumidoras endeudadas y sobreendeudadas. La propuesta busca establecer mecanismos para reestructurar deudas, suspender embargos y garantizar ingresos mínimos destinados a cubrir necesidades básicas.

La senadora nacional Ana Marks, presentó el proyecto y vinculó el incremento del endeudamiento con el contexto económico actual y cuestionó las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei. Según explicó, el proyecto apunta a evitar que familias queden atrapadas en situaciones de imposibilidad de pago frente al crecimiento de créditos de consumo, préstamos personales, tarjetas y financiamiento mediante billeteras virtuales.

El texto prevé la creación de un procedimiento administrativo gratuito para personas endeudadas y otro proceso judicial específico para casos de sobreendeudamiento. Entre las herramientas contempladas figuran la suspensión de embargos, el freno a descuentos sobre salarios y jubilaciones, la revisión de intereses considerados abusivos y la posibilidad de reestructurar deudas bajo supervisión judicial.

Además, el proyecto incorpora controles sobre entidades financieras, bancos y plataformas fintech como Ualá y Mercado Pago. La propuesta habilita revisar tasas de interés, mecanismos de cobranza y condiciones de otorgamiento de créditos cuando existan indicios de prácticas consideradas irresponsables o abusivas.

En los fundamentos de la iniciativa se sostiene que más del 90% de las familias argentinas mantiene algún tipo de deuda y que la mora en créditos personales y tarjetas muestra una tendencia creciente desde hace más de un año. En ese contexto, Marks afirmó que muchas personas recurren al financiamiento para cubrir gastos cotidianos como alimentos, medicamentos o servicios básicos.

La propuesta también incorpora herramientas inspiradas en sistemas aplicados en España y Brasil, conocidas como mecanismos de “segunda oportunidad”, orientadas a personas consumidoras de buena fe que no logran afrontar sus obligaciones financieras.

Entre otros puntos, el proyecto establece la protección de la vivienda única familiar, impide cortes de servicios esenciales durante el proceso de reestructuración, contempla planes de pago de hasta cinco años y garantiza un ingreso mínimo destinado a alimentación, salud, vivienda y educación.

Durante la presentación de la iniciativa, la senadora rionegrina sostuvo que el objetivo es generar herramientas estatales para intervenir frente al crecimiento del endeudamiento y el deterioro del poder adquisitivo. También cuestionó el rol del sistema financiero en el actual contexto económico y planteó la necesidad de establecer límites sobre las condiciones de financiamiento ofrecidas a consumidores y consumidoras.