La creciente circulación de vehículos que realizan transporte de pasajeros sin habilitación volvió a generar preocupación en el sector de taxis de Viedma. Desde la Asociación de Trabajadores de Taxis reclamaron que el Concejo Deliberante avance con el tratamiento de un proyecto de ordenanza presentado hace más de un mes y que, hasta el momento, no tuvo movimiento en comisiones ni fue incluido en sesiones.

La iniciativa fue impulsada por los propios taxistas tanto en Viedma como en Patagones. Sin embargo, mientras el Concejo Deliberante maragato ya aprobó la normativa, en la capital rionegrina todavía no hubo definiciones sobre su tratamiento legislativo.

El proyecto busca establecer sanciones para quienes presten servicios de transporte de pasajeros sin habilitación municipal, conocidos en el sector como “remises truchos”. Entre las medidas previstas figuran multas económicas, secuestro de vehículos y retención en depósitos municipales, además de sanciones más severas en casos de reincidencia.

La ordenanza aprobada en Patagones incorporó un artículo específico al Código Contravencional local. Allí se establece que la sola prestación del servicio de transporte de personas sin habilitación será sancionada con multas de entre 25 y 100 módulos, además del secuestro del vehículo y el cobro de gastos de acarreo y estadía. En caso de reincidencia, las multas pueden elevarse de 50 a 200 módulos.

La normativa también fija responsabilidades solidarias para el conductor, el titular registral y cualquier responsable del vehículo involucrado en la infracción. Además, contempla campañas de difusión y concientización sobre los alcances de la medida.

Desde el sector de taxis de Viedma señalaron que la falta de regulación y controles afecta directamente la actividad formal, especialmente en un contexto económico complejo.

El titular de la Asociación de Trabajadores de Taxis de Viedma, Marcelo Nahuelner, expresó su malestar por la demora en el tratamiento del proyecto y pidió que el Concejo Deliberante “acelere” el debate de la iniciativa.

Sostuvo que la actividad atraviesa una situación crítica debido a la cantidad de vehículos no habilitados que actualmente trabajan en la ciudad. “Estamos siendo muy perjudicados por la importante cantidad de remises truchos que circulan en Viedma”, afirmó.

Nahuelner aseguró además que el sector formal debe afrontar habilitaciones, seguros, inspecciones y distintos costos regulatorios que no cumplen quienes realizan el servicio de manera irregular, lo que genera una competencia desigual.

El proyecto presentado en ambos municipios también fundamenta la necesidad de la norma en la protección de los usuarios y la seguridad vial. En ese sentido, plantea que el Estado municipal tiene la obligación de garantizar que el transporte de pasajeros se realice bajo condiciones legales y de control adecuadas.