El uso de teléfonos celulares en cárceles volvió a quedar en el centro de la discusión tras un planteo para que Río Negro implemente sistemas de bloqueo de señal en sus unidades penitenciarias, en línea con una reciente decisión adoptada a nivel nacional.

Luego de que el Ministerio de Seguridad de la Nación autorizara al Servicio Penitenciario Federal a instalar dispositivos inhibidores en cárceles bajo su órbita. El presidente del PRO en la Legislatura, Juan Martin, señaló que ya existe un antecedente legislativo presentado en 2025 con ese objetivo.

Según planteó el legislador, la iniciativa apunta a impedir que personas detenidas continúen cometiendo delitos desde el interior de los penales mediante el uso de celulares ingresados de manera ilegal. En ese sentido, mencionó prácticas como extorsiones, secuestros virtuales, fraudes bancarios y coordinación de bandas, que —según indicó— se organizan desde las unidades penitenciarias.

La medida adoptada a nivel nacional se apoya en la Ley 24.660, que regula la ejecución de la pena privativa de la libertad y establece limitaciones en las comunicaciones no autorizadas. En ese marco, se dispuso avanzar en la instalación de tecnología de bloqueo, con la intervención de la Dirección Nacional de Tecnología de la Información.

El esquema prevé además que los dispositivos cuenten con ajustes técnicos que eviten afectar la conectividad en zonas externas a los establecimientos penitenciarios, con el objetivo de reducir el impacto sobre la población que reside en las inmediaciones.

Desde el bloque opositor se remarcó que el derecho a la comunicación de las personas privadas de libertad está contemplado en la normativa vigente, pero circunscripto a canales formales y supervisados, y no al uso de dispositivos no autorizados.

En ese contexto, se planteó que la provincia podría avanzar mediante una adhesión a la resolución nacional, lo que habilitaría la implementación de sistemas similares en el ámbito del Servicio Penitenciario provincial.