El deterioro en la actividad de las pequeñas y medianas empresas en Río Negro abrió un nuevo frente en la Legislatura, con un proyecto que busca declarar la emergencia económica, comercial y productiva por el plazo de doce meses. La propuesta incluye medidas para contener el impacto sobre el entramado productivo y evitar una mayor pérdida de puestos de trabajo en el sector.

La legisladora Ayelén Spósito, del bloque Vamos con Todos, planteó la necesidad de que el Estado provincial adopte medidas urgentes frente al escenario que atraviesan las PyMEs rionegrinas. En ese marco, la dirigente cuestionó el rumbo de las políticas actuales y pidió definiciones sobre el acompañamiento del Gobierno provincial a decisiones de orden nacional.

De acuerdo a datos relevados por entidades empresarias, el 73% de los comercios calificó su desempeño como regular, malo o muy malo durante el último año, mientras que cerca de la mitad indicó que las ventas de fin de año estuvieron por debajo del período anterior. Este panorama se combina con una caída del consumo interno, aumento de costos operativos y una presión creciente sobre la rentabilidad de los negocios.

En ese contexto, el proyecto contempla la suspensión de ejecuciones fiscales, embargos y medidas cautelares por deudas provinciales mientras dure la emergencia. El objetivo es evitar situaciones de asfixia financiera que puedan derivar en cierres de empresas. A su vez, se propone una moratoria amplia de hasta 60 cuotas, con reducción de intereses, quita de multas y un período de gracia de hasta 120 días.

Otro de los puntos centrales es el congelamiento de tarifas de servicios públicos esenciales —como electricidad, gas y agua— para el sector, además de la prohibición de aplicar incrementos retroactivos una vez finalizado el período de emergencia. La iniciativa también incorpora mecanismos para regularizar las deudas que el propio Estado provincial mantiene con las empresas proveedoras, mediante cronogramas de pago y compensaciones impositivas.

Como herramienta administrativa, el proyecto prevé la creación del “Certificado de Emergencia MiPyME”, que permitirá identificar a las empresas alcanzadas y facilitar el acceso a los beneficios. El esquema plantea criterios objetivos para su otorgamiento y busca ordenar la implementación de las medidas.

En paralelo, se establece como condición el sostenimiento del empleo durante la vigencia de la emergencia. Las empresas que adhieran a los beneficios deberán mantener su plantilla laboral, salvo situaciones justificadas, en un intento por contener el impacto social de la crisis.

Spósito vinculó la situación provincial con el contexto económico nacional y señaló que la combinación de ajuste, pérdida del poder adquisitivo y paralización de la obra pública repercute en las economías regionales. También advirtió sobre el ritmo de cierre de empresas y planteó la necesidad de una intervención estatal para evitar un escenario de mayor deterioro en el tejido productivo.