La obra social provincial IPROSS se encamina a modificar su esquema de funcionamiento y prevé implementar en un plazo de seis meses un sistema prestacional pleno, en reemplazo del actual modelo por cápita.

La definición fue confirmada por la presidenta del Instituto, Ivana Porro, quien además brindó un diagnóstico sobre la situación del organismo y las medidas en marcha. En diálogo con el programa Raíz Informativa de FM Raíces, conducido por Pedro Caram, explicó que la obra social atraviesa un proceso de ordenamiento económico y prestacional, con pagos que se sostienen “en forma ordenada” y sin requerir financiamiento de Rentas Generales, a partir del incremento de recursos aprobado en 2023.

En ese marco, señaló que uno de los ejes centrales es avanzar hacia un esquema en el que los prestadores facturen de acuerdo a las prácticas efectivamente realizadas. Actualmente conviven sistemas mixtos, pero el objetivo es unificar el modelo en toda la provincia bajo el criterio de que “lo que se factura es lo que se presta”, con una implementación progresiva.

Como parte de este proceso, se puso en marcha un sistema de auditorías externas presenciales en clínicas y sanatorios privados. Las revisiones alcanzan internaciones, prácticas ambulatorias y materiales quirúrgicos, y buscan reforzar los controles sobre las prestaciones facturadas. En caso de detectarse inconsistencias, se prevé el descuento de los montos correspondientes.

En relación a la cobertura, se implementó una actualización en los medicamentos, con incrementos del 12% en planes ambulatorios y del 18% en patologías crónicas, lo que permite alcanzar coberturas de hasta el 50% y el 70%, respectivamente. También se incorporaron nuevas drogas al vademécum y se promovió la prescripción por nombre genérico.

La titular del organismo también hizo referencia al impacto del contexto económico, al señalar que los medicamentos registraron una suba del 21% en el último semestre de 2025 y que actualmente representan el 45% del gasto total del IPROSS. Frente a este escenario, mencionó estrategias como las compras conjuntas con el Ministerio de Salud para mejorar la eficiencia.

En cuanto a la cobertura poblacional, la obra social cuenta con 163 mil afiliados, de los cuales 110 mil son titulares, mientras que el resto corresponde a adherentes y unos 1.500 afiliados voluntarios, cuya incorporación permanece cerrada. El financiamiento proviene de aportes de afiliados (4%), contribuciones del Estado (7%) y otros ingresos.

Por último, Porro indicó que se logró reducir el atraso en los pagos a prestadores, pasando de una deuda de seis meses a plazos de entre 45 y 60 días. Además, anticipó que en abril se implementará un cronograma para regularizar reintegros en prestaciones como kinesiología, odontología y psicología, en el marco de las acciones previstas para sostener el funcionamiento del sistema.