La suspensión de más de 80 artículos de la reforma laboral por parte de la Justicia nacional reactivó el conflicto en el ámbito sindical, con un llamado a desconocer la norma en los lugares de trabajo mientras avanza el proceso judicial.

La medida cautelar fue dictada por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, a cargo del juez Raúl Ojeda, quien resolvió frenar la aplicación de distintos puntos de la Ley 27.802 al considerar que existen indicios de inconstitucionalidad y riesgo en su implementación mientras se analiza la cuestión de fondo. La decisión tiene carácter provisorio y se mantendrá vigente hasta que haya una sentencia definitiva.

Tras conocerse el fallo, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la resolución judicial representa un impacto para el Gobierno nacional y para quienes respaldaron la iniciativa en el Congreso. En ese marco, planteó la necesidad de continuar con medidas en los ámbitos laborales para impedir su aplicación.

Entre los puntos alcanzados por la suspensión se encuentra el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), incluido en el Título II de la ley, además de artículos vinculados al derecho a huelga, la negociación colectiva y el funcionamiento sindical. También quedaron en suspenso disposiciones relacionadas con el teletrabajo, normas antifraude y la intervención de la Justicia en conflictos laborales que involucren al Estado.

En relación a estas definiciones, Aguiar consideró que las cautelares representan un avance dentro del proceso judicial, aunque remarcó que la discusión no está cerrada. En ese sentido, convocó a trabajadores y trabajadoras a sostener acciones en sus ámbitos laborales con el objetivo de limitar la aplicación de la norma.

El fallo también alcanza modificaciones en la estructura de los convenios colectivos, como la ultraactividad, la prioridad de acuerdos de menor alcance y aspectos vinculados a aportes sindicales, sanciones y prácticas desleales. Estos puntos forman parte de los artículos cuya vigencia quedó suspendida de manera preventiva.

Desde el sindicato estatal insistieron en que la estrategia se orienta a frenar la implementación de la reforma en los espacios de trabajo mientras avanza la resolución judicial definitiva. En paralelo, el escenario abre una nueva etapa de discusión sobre el alcance de la ley y su aplicación efectiva en todo el país.