Un proyecto presentado en la Legislatura de Río Negro plantea la necesidad de avanzar con la implementación del sistema provincial destinado a prevenir estafas telefónicas y digitales, ante el crecimiento de este tipo de delitos que afectan a personas usuarias de servicios de comunicación y plataformas digitales.

La iniciativa fue impulsada por el bloque de legisladores de la Coalición Cívica ARI–Cambiemos, que presentó un proyecto de comunicación solicitando al Poder Ejecutivo provincial y al Ministerio de Seguridad y Justicia que adopten las medidas necesarias para poner en funcionamiento la Ley Nº 5749. Esa norma crea el Sistema de Concientización y Prevención de Estafas Telefónicas y Digitales en la provincia.

Entre los puntos planteados en el proyecto se incluye la realización de campañas de sensibilización dirigidas a la comunidad, con el objetivo de brindar información sobre las distintas modalidades de fraude que se registran en la actualidad. También se propone avanzar en acciones conjuntas con el sistema educativo y establecer acuerdos de colaboración con empresas de telefonía, proveedores de internet, entidades financieras y medios de comunicación.

En los fundamentos de la iniciativa, las y los legisladores señalan que en los últimos años se registró un incremento de las estafas vinculadas a medios digitales. Entre las modalidades mencionadas se encuentran fraudes a través de aplicaciones de mensajería, suplantación de identidad, engaños mediante redes sociales y distintos mecanismos de manipulación que se realizan a través de plataformas digitales.

El bloque advierte que estas prácticas delictivas generan perjuicios económicos y también consecuencias emocionales para las personas afectadas, en particular en sectores de la población que presentan mayores niveles de vulnerabilidad frente a este tipo de engaños.

La Ley Nº 5749 fue presentada por el mismo bloque legislativo y aprobada por unanimidad en la Legislatura de Río Negro durante 2024. La normativa establece la creación de un sistema destinado a informar y educar a la comunidad sobre las distintas formas de fraude digital y telefónico, además de brindar herramientas para su prevención.

El presidente del bloque, Javier Acevedo, sostuvo que las acciones previstas en la ley forman parte de las políticas orientadas a la prevención del delito y a la educación digital. En ese sentido, remarcó la importancia de avanzar con mecanismos que permitan advertir a la ciudadanía sobre las modalidades de fraude que se expanden a través de nuevas tecnologías.

Desde el bloque también señalaron la necesidad de que el Poder Ejecutivo provincial impulse campañas sostenidas en el tiempo y articule con los distintos actores involucrados, con el objetivo de ampliar el alcance de las acciones preventivas. Según plantearon, la información, la educación digital y la difusión de herramientas de protección constituyen recursos centrales para reducir el impacto de estas prácticas delictivas.