Clínicas y sanatorios que prestan servicios al PAMI en provincias de la Patagonia advirtieron sobre la posible afectación de la atención médica a personas afiliadas, en el marco de una situación económico-financiera que describieron como “sumamente crítica” y que, según indicaron, pone en riesgo la continuidad de las prestaciones en la región.

El planteo surge de una nota elevada a las autoridades centrales del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) por prestadores de Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa, en la que expresan la “incertidumbre respecto de la viabilidad para la continuidad de los servicios médicos” y solicitan una respuesta urgente ante los problemas que atraviesa el sistema.

Entre los principales puntos señalados, las instituciones detallaron el atraso en los pagos por parte de la obra social. Según expusieron, desde noviembre PAMI mantiene una demora de un mes en el pago de las prestaciones ambulatorias. “Si en el transcurso de tres meses solo se abonaron dos, y sin expectativas de que esta situación se resuelva en el corto plazo, el impacto financiero es muy difícil de paliar”, advirtieron.

La situación, indicaron, se agravó en enero ante el incumplimiento en el pago de las prestaciones de internación. En ese contexto, explicaron que en el conjunto de unas 30 clínicas y sanatorios prestadores de PAMI en estas provincias, los ingresos provenientes de la atención a afiliados representan en promedio el 40% de la recaudación mensual, con varios establecimientos que superan ese porcentaje. “Cualquier atraso en un ingreso de semejante magnitud es imposible de administrar financieramente”, señalaron.

Según se desprende de la presentación, esta situación generó “serias dificultades para afrontar el pago de los salarios del personal” de los establecimientos de salud. Por ese motivo, las instituciones advirtieron que “no estamos en condiciones de garantizar la continuidad de los servicios, si esta situación no se resuelve en forma inmediata”, al no contar con los recursos necesarios para sostener la gestión operativa.

En la nota dirigida a PAMI, los prestadores informaron que, con el objetivo de “resguardar, en la medida de lo posible, la atención de las urgencias y emergencias”, se verán “en la necesidad de limitar las prestaciones ambulatorias y programadas” a partir del 10 de febrero, si no se registran avances en la resolución del conflicto.

Explicaron que, en ese contexto, la afectación de los servicios se instrumentará "de forma progresiva" comenzando por las prestaciones ambulatorias y programadas. Aclararon también que "estas acciones no constituyen medidas de fuerza, ni responden a una voluntad deliberada de los prestadores, sino que son la consecuencia inevitable de la situación descripta, en un contexto donde la continuidad de los servicios no puede garantizarse únicamente mediante el esfuerzo de las clínicas y sanatorios".

A los atrasos en los pagos se suma, según indicaron, la pérdida de valor de los aranceles. De acuerdo al planteo, durante 2025 los precios de las prestaciones “se desvalorizaron en el equivalente a la mitad de la inflación del año”, lo que provoca que “muchas prestaciones no puedan brindarse”, ya que los costos de insumos, medicamentos y materiales no logran ser absorbidos por los valores que abona la obra social.

Las instituciones adelantaron que, de persistir la falta de respuesta a los requerimientos planteados, "la suspensión total de las prestaciones se tornará inevitable, con el consiguiente perjuicio para los pacientes, los prestadores y el propio Instituto".

Finalmente, las clínicas y sanatorios señalaron que mantienen diálogo con las autoridades del Instituto y manifestaron su disposición a continuar trabajando para sostener las prestaciones. “Confiamos en la gestión de las autoridades centrales del Instituto y estamos a disposición para lo que sea pertinente”, expresaron, aunque advirtieron que el escenario actual “ya no resulta posible” de sostener si no se resuelven las cuestiones de fondo planteadas.