La calidad del agua del río Negro volvió a quedar en el centro del debate legislativo a partir de la reactivación de una iniciativa que propone establecer informes trimestrales obligatorios sobre su estado en distintos puntos de la costa. El planteo busca contar con información sistemática y pública sobre la evolución del recurso, en un contexto atravesado por denuncias sociales, estudios científicos y actuaciones judiciales vinculadas al ambiente.

La propuesta fue retomada por el presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, quien volvió a presentar un proyecto de ley que ya había sido impulsado en 2023 junto al entonces legislador Ignacio Casamiquela. Según se indicó, aquella iniciativa no avanzó en la Legislatura provincial por falta de tratamiento durante el período anterior.

El proyecto establece la realización de informes trimestrales que incluyan análisis sobre Hidrocarburos Totales de Petróleo, hidrocarburos volátiles —como benceno, tolueno, etilbenceno y xileno—, pesticidas organofosforados y organoclorados, nonilfenoles, bacterias fecales y bacterias hidrocarburolíticas, entre otros parámetros vinculados a la calidad del agua.

Desde el bloque impulsor señalaron que la falta de tratamiento previo adquiere una nueva dimensión frente a hechos recientes, como investigaciones judiciales en curso, nuevos estudios científicos y reclamos comunitarios que dan cuenta de un deterioro progresivo del sistema hídrico. En ese sentido, se remarcó la necesidad de incorporar situaciones actuales que permitan dimensionar el impacto directo de esta problemática en la vida cotidiana de las comunidades rionegrinas.

Entre los casos mencionados se encuentra la situación denunciada por vecinas y vecinos de la ciudad de General Roca, particularmente en el sector de Paso Córdoba. Según lo difundido en medios nacionales y regionales, en esa zona se registraron irregularidades persistentes en el agua de red domiciliaria, con cambios visibles en su coloración, presencia de sedimentos, turbidez y olores intensos.

De acuerdo con lo expresado por el legislador José Luis Berros, las familias afectadas vienen advirtiendo desde hace meses que estas condiciones se sostienen en el tiempo, sin que se hayan implementado soluciones estructurales por parte de los organismos responsables del servicio. En ese marco, se planteó que las consecuencias de esta situación no se limitan al plano ambiental, sino que también involucran aspectos vinculados a la salud pública.

Desde la iniciativa legislativa se sostiene que el caso de Paso Córdoba no debe ser considerado un episodio aislado, sino una expresión de un problema más amplio relacionado con el estado del río Negro y con deficiencias en los sistemas de captación, tratamiento y distribución del agua. Bajo esa premisa, el proyecto propone institucionalizar un mecanismo de monitoreo periódico que permita identificar zonas críticas y fortalecer la transparencia en la gestión del recurso.

La propuesta también contempla la articulación con universidades públicas y organismos científicos con sede en la provincia, con el objetivo de aprovechar el conocimiento técnico disponible y garantizar la difusión de la información generada. Según se indicó, el acceso público a estos datos permitiría fortalecer la planificación ambiental, la prevención de daños y la formulación de políticas públicas basadas en evidencia, en el marco del derecho a un ambiente sano.