La Defensoría del Pueblo de la Nación dio a conocer una nueva guía orientada a fortalecer la participación ciudadana en audiencias públicas ambientales, con el objetivo de facilitar el ejercicio del derecho a intervenir en procesos de toma de decisiones que inciden sobre el ambiente y la calidad de vida. El documento apunta a brindar herramientas prácticas para que la ciudadanía pueda participar de manera informada, segura y efectiva.

La Guía de Participación Social en Audiencias Públicas Ambientales fue elaborada por la Defensoría del Pueblo de la Nación y está pensada como un material accesible, destinado tanto a personas sin formación técnica como a organizaciones sociales y colectivos vinculados a la defensa ambiental. El contenido explica de forma detallada qué son las audiencias públicas ambientales y cuál es su función dentro de los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental.

El material desarrolla, paso a paso, las distintas instancias de una audiencia pública. Incluye orientaciones sobre cómo prepararse previamente, de qué manera realizar una intervención durante el encuentro y qué acciones pueden llevarse adelante una vez finalizada la audiencia para dar seguimiento a las decisiones adoptadas por las autoridades competentes.

De acuerdo a lo señalado por el organismo, la guía remarca que la participación pública en cuestiones ambientales está respaldada por el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. En ese marco, se destaca el rol de las audiencias públicas como un mecanismo institucional que contribuye a la transparencia, la prevención de conflictos socioambientales y el fortalecimiento de la democracia ambiental.

Otro de los ejes abordados en el documento es el funcionamiento de las audiencias públicas virtuales. La guía identifica posibles situaciones en las que podrían vulnerarse derechos de participación y detalla cómo actuar frente a limitaciones injustificadas, con el objetivo de garantizar condiciones de igualdad y accesibilidad para todas las personas interesadas.

Asimismo, el material incorpora un apartado específico sobre los derechos de las comunidades indígenas. Allí se señala la obligación del Estado de llevar adelante consultas previas, libres e informadas cuando los proyectos sometidos a evaluación puedan afectar sus territorios, formas de organización o modos de vida, en línea con la normativa vigente.

Desde la Defensoría del Pueblo de la Nación indicaron que la publicación se enmarca en una política institucional orientada a la defensa de los derechos ambientales y a la promoción de una ciudadanía activa en los asuntos públicos. En ese sentido, la guía busca fortalecer el rol de la sociedad en los procesos de decisión vinculados al desarrollo y al cuidado del ambiente.

El documento se encuentra disponible para su consulta pública y está dirigido a organizaciones sociales, comunidades, especialistas y a cualquier persona interesada en participar en audiencias públicas ambientales, como una herramienta de apoyo para el ejercicio de derechos reconocidos por la legislación nacional e internacional.