La diputada nacional Lorena Villaverde, electa senadora por Río Negro, resolvió finalmente retirar la renuncia a la banca que ocupa en la Cámara de Diputados hasta 2027. Lo hizo ante el escenario cada vez más firme de que el Senado no avalaría su incorporación, luego de que su diploma fuera devuelto a la Comisión de Asuntos Constitucionales en la sesión preparatoria del 28 de noviembre. La decisión confirma que no asumirá la banca en la Cámara alta mientras mantenga en riesgo la continuidad de su protección parlamentaria.

La legisladora de La Libertad Avanza quedó envuelta en una crisis política que estalló tras la renuncia de José Luis Espert, acusado de haber recibido financiamiento del narcotraficante Federico “Fred” Machado. Las sospechas sobre la rionegrina —incluidos sus antecedentes judiciales en Estados Unidos y la aparición de vuelos oficiales asignados a su entorno— terminaron por bloquear su llegada al Senado. Con el escenario adverso y sin certezas sobre su aprobación, Villaverde optó por preservar los fueros que ya tiene, un punto que en el oficialismo consideran decisivo para interpretar su maniobra.

La presión interna en La Libertad Avanza creció en los últimos días. Según fuentes legislativas, Karina Milei había impulsado su salida de escena incluso antes de las elecciones, postura que se consolidó luego del escándalo que involucró a Espert. Javier Milei la sostuvo durante semanas, pero el cálculo político terminó inclinándose por evitar que el Gobierno pierda un voto clave en el Senado. En ese contexto, en la Casa Rosada dan por sentado que, si su pliego no avanza, Villaverde debería renunciar a la banca para la que fue electa y habilitar el ingreso del suplente, Enzo Fullone.

La controversia se amplificó por la documentación presentada en el Senado, donde se reconstruyó —a partir de pedidos de acceso a la información— un conjunto de pasajes aéreos emitidos desde el usuario del despacho de Villaverde. Esos tickets habrían sido utilizados en 2024 y 2025 por Claudio “Lechuga” Ciccarelli, señalado como presunto testaferro de Machado. Las rutas incluían viajes entre Buenos Aires, Córdoba, Trelew, Viedma, Neuquén y Río Grande, muchos de ellos sin una justificación institucional identificable y algunos registrados como “misiones oficiales” sin respaldo documental.

El señalamiento fue expuesto por la senadora Silvia Sapag en la Comisión de Asuntos Constitucionales y se convirtió en uno de los argumentos centrales para frenar la jura. El episodio sumó un componente más a un cuadro ya complejo, donde confluyen denuncias por financiamiento irregular de campaña, investigaciones por estafas y embargos en Río Negro, un préstamo cuestionado del Banco Nación por 225 millones de pesos y la trama vinculada a Machado y Ciccarelli.

Al escándalo legislativo se añadió el impacto de la revelación de su pasado judicial en Estados Unidos. Documentos oficiales dan cuenta de que Villaverde fue detenida en 2002 en Sarasota, Florida, en el marco de una causa federal por distribución de cocaína. Según los registros, fue encontrada culpable por un jurado, aunque la sentencia fue anulada y se ordenó un nuevo juicio. La legisladora regresó luego a la Argentina, incumplió las condiciones de la libertad otorgada y quedó con una orden de captura que recién se extinguió en 2017 por el tiempo transcurrido sin avances en el expediente. El cierre del caso no obedeció a una declaración de inocencia, sino a la prescripción procesal.

En medio de la controversia, Villaverde decidió romper el silencio. En una entrevista con Infobae aseguró que no tiene “ningún vínculo con el narcotráfico ni con Fred Machado” y describió el proceso en Estados Unidos como un “escarnio” marcado por discriminación racial. Negó haber visto drogas, explicó que fue detenida cuando se encontraba en un estacionamiento donde se realizaba una redada y afirmó que fue acusada de conspiración únicamente porque llevaba 12 mil dólares para una compra vinculada a su boutique.
También rechazó haber tenido relación con Ciccarelli más allá de la militancia partidaria, negó aportes privados irregulares y vinculó las denuncias por lavado en Comodoro Py con su divorcio de un empresario del sector energético.

El caso desató una interna inédita dentro de La Libertad Avanza. Legisladores del oficialismo consideran que su permanencia bloquea la posibilidad de encauzar el conflicto político, mientras otros sectores sostienen que apartarla implicaría aceptar una imposición de la oposición. En paralelo, aliados clave en la Cámara alta expresaron que su incorporación resulta inconveniente, lo que complica aún más el escenario.

Por ahora, Villaverde mantiene la misma estrategia: no renunciar a Diputados, no abandonar su pliego en el Senado y sostener sus fueros mientras intenta preservar su posición política. La maniobra la deja en un limbo institucional, atrapada entre dos Cámaras, sin certezas sobre su futuro legislativo y con un frente judicial que podría reactivarse si avanzan las denuncias sobre utilización indebida de recursos públicos o financiamiento irregular.

El episodio abre un debate más amplio sobre los controles internos en la confección de listas, la transparencia en la gestión legislativa y la responsabilidad de los partidos frente a antecedentes que pueden comprometer a sus representantes. En La Libertad Avanza, la crisis ya dejó secuelas profundas y un mensaje claro: la interna libertaria entra en una fase de tensión sostenida, con una dirigente que se niega a ceder y un oficialismo que aún no encuentra la salida política para un conflicto que promete extenderse.