El secretario general de la Asociación del Personal de Empleados Legislativos (APEL), Gustavo Morón, confirmó que el gremio retomará esta semana el diálogo paritario para definir el aumento correspondiente a octubre. “Estamos esperando el índice del INDEC y la convocatoria para volver a sentarnos. Al ser un organismo con liquidación rápida, tenemos poco margen: deberíamos cerrar la próxima semana”, explicó.

Morón anticipó que la organización buscará no solo discutir el mes pendiente, sino planificar un cierre de año que contemple los primeros meses de 2026. “Nuestra idea es avanzar en un esquema cuatrimestral —octubre, noviembre, diciembre y enero— que nos permita proyectar con cierta tranquilidad. El año pasado cerramos hasta diciembre y enero quedamos muy por debajo; no queremos repetir eso”, señaló.

Consultado sobre el anuncio del Ejecutivo provincial de otorgar sumas fijas por única vez, el dirigente aclaró que APEL “rechaza de plano esa modalidad”. “Nosotros ya hicimos el trabajo técnico que demuestra que las sumas fijas no remunerativas distorsionan el salario y perjudican la carrera. Siempre lo planteamos y la patronal sabe que no lo aceptamos”, remarcó.

Respecto de la evolución salarial del sector, Morón precisó que los trabajadores legislativos acumulan “un incremento cercano al 18.4% anual”, y que además se avanzó en la actualización de categorías postergadas. “Durante este año logramos recomposiciones que venían pendientes desde hace mucho tiempo, incluso de un proyecto iniciado en 2016 y 2017. Se trata de una reparación histórica para quienes ingresaron entre 1988 y 1999 y estuvieron años sin ascensos”, explicó.

Ese proyecto, señaló, “no implica retroactividad sino reconocimiento”, y cuenta con el compromiso del vicegobernador para seguir avanzando en tramos sucesivos. “Cada pase a planta permanente se evalúa según la categoría en que ingresó y la antigüedad acumulada, para garantizar que nadie quede fuera de la escala que le corresponde”, agregó.

Sobre la situación institucional de APEL, Morón reconoció que el gremio aún enfrenta consecuencias del conflicto judicial vinculado al antiguo loteo de tierras. “No está superado. La semana pasada ingresó un nuevo fallo en contra. Tenemos juicios abiertos con los propietarios de la tierra, por incumplimientos de pago y compromisos asumidos en gestiones anteriores. Es una deuda millonaria, de alrededor de 165 millones de pesos”, detalló.

A raíz de ese proceso, una de las manzanas del loteo fue embargada y permanece a nombre del sindicato. “Eso nos genera complicaciones con vecinos, porque en esa manzana casi no hay afiliados legislativos. Además, el fondo para la vivienda fue intervenido por la Justicia y la comisión que lo administra no tiene facultades para pagar escrituras. Tenemos el dinero, pero no la autorización para usarlo, y el conflicto queda en el medio”, explicó el dirigente.

En paralelo, APEL impulsa un nuevo programa de acceso a la tierra, desvinculado del anterior y sin aporte patronal. “Es un proyecto totalmente privado, transparente y con control de los propios beneficiarios. No compramos terrenos como gremio, somos garantes de pago entre los dueños de la tierra y los afiliados. No podemos repetir los errores del pasado”, subrayó.

Morón indicó que el sorteo se realizó públicamente y participaron más de 150 personas. “Sabemos que el tema de la vivienda sigue siendo una demanda fuerte. Queremos dar respuestas sin comprometer al gremio, con mecanismos claros y auditables”, afirmó.

Finalmente, el titular de APEL sostuvo que el objetivo de su gestión es “dejar atrás los problemas administrativos heredados y consolidar un sindicato con previsibilidad”. “Tenemos que animarnos a reconstruir la confianza y seguir avanzando con transparencia. El gremio no puede ser una carga para los trabajadores, sino una herramienta para mejorar su calidad de vida”, concluyó.