En Viedma, ATE se suma al paro nacional de trabajadores del PAMI

Las oficinas permanecerán sin atención al público a partir de las 11 de la mañana durante tres jornadas consecutivas

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La seccional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó su adhesión al paro nacional que comenzó este martes en todas las dependencias del PAMI, en reclamo de la reapertura de la negociación salarial y en defensa de las prestaciones a jubilados y pensionados.

En Viedma, las oficinas del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP) permanecerán sin atención al público a partir de las 11 de la mañana durante tres jornadas consecutivas, en el marco del plan de lucha que alcanzará a más de 12.500 trabajadores en todo el país.

Desde el sindicato explicaron que la medida responde al congelamiento salarial que se extiende desde hace más de 350 días y que ha llevado a la mayoría del personal por debajo de la línea de pobreza. “Se trata de un reclamo absolutamente justo y razonable. Si no existen respuestas concretas, vamos a profundizar las medidas de fuerza en todo el país”, expresó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.

El dirigente también señaló que el ajuste repercute en la calidad de las prestaciones: “Son muchos los profesionales que están migrando por los sueldos tan bajos. Esto repercute de manera negativa en los servicios que brinda el Instituto. Tienen que explicar a dónde está yendo a parar la plata, porque estamos hablando de uno de los presupuestos más grandes del Estado nacional”.

El plan de acción contempla un paro total de actividades hoy y mañana miércoles desde las 11, y el jueves con nuevas acciones desde el mediodía. La medida fue resuelta por el Frente Sindical de Unidad, que integran ATE, la Unión de Trabajadores del Instituto (UTI), el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de PAMI (SUTEPA) y la Asociación de Profesionales de Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA).

Además de un aumento salarial urgente, los gremios plantean la necesidad de defender al Instituto y a los derechos de los adultos mayores, que —advirtieron— también se ven afectados por el recorte presupuestario.

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