La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) inició este miércoles un paro nacional de 24 horas con más del 90% de adhesión promedio en el sector Salud, en rechazo a los vetos presidenciales a la Ley de Emergencia Sanitaria de Salud Pediátrica y al financiamiento universitario. La medida incluye la realización de guardias mínimas en hospitales y centros de atención, y movilizaciones en todo el país.

“El clima social se recalienta, se terminó la paciencia. Ya no existen expectativas con este Gobierno. El rechazo del Congreso a los vetos presidenciales tiene que ser contundente”, sostuvo el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar. El dirigente señaló que la situación salarial de los trabajadores hospitalarios es “la peor de los últimos 25 años”, con ingresos aún por debajo de los niveles de 2002.

Aguiar criticó además el rumbo de las políticas oficiales en salud y educación: “Nos están proponiendo un modelo de país en el que solo tendrá salud y educación quien pueda pagarlas, y los que no puedan se van a tener que joder. Vetar normas que garantizan protección para trabajadores, pacientes y estudiantes es un verdadero disparate”.

En su discurso, el referente sindical advirtió sobre una creciente conflictividad social: “Hoy más que nunca la huelga y movilización se convierten en las herramientas más legítimas para enfrentar semejante avasallamiento. Tenemos que ejercer una fuerte presión en las puertas del Congreso porque repartieron plata a muchos gobernadores para que los diputados cambien su voto”.

En la Ciudad de Buenos Aires, ATE marchará desde el mediodía en dos columnas hacia el Congreso: una concentrará en Avenida de Mayo y San José, mientras que otra partirá desde el Hospital Garrahan. La protesta se inscribe en un paro federal de Salud que se replica con asambleas, movilizaciones y cese de tareas en toda la administración pública nacional, provincial y municipal.

En paralelo, los trabajadores universitarios también llevan adelante una jornada de huelga en defensa del financiamiento del sistema educativo superior. La confluencia de medidas busca presionar a la Cámara de Diputados para que revierta los vetos presidenciales y garantice la vigencia de las leyes votadas por amplia mayoría.