La secretaria de la Función Pública de Río Negro, Tania Lastra, defendió la política de sanciones disciplinarias aplicada durante el último año a trabajadores estatales y sostuvo que “el trabajo de la Junta de Disciplina ha sido riguroso, transparente y con garantías para cada agente”. De este modo, respondió a las críticas del gremio ATE, que cuestionó públicamente las cesantías, exoneraciones y suspensiones aplicadas por el gobierno provincial.

Lastra aseguró que el accionar del organismo disciplinario expresa “la intención clara del gobierno de Alberto Weretilneck de lograr un Estado eficiente”, y recalcó que la Función Pública tiene bajo su órbita a todos los agentes de la administración central. “Estamos rindiendo cuentas a todos los ciudadanos que con mucho esfuerzo pagan sus impuestos para que administremos bien los salarios del personal estatal”, señaló.

La funcionaria explicó que la Junta de Disciplina —dependiente de los recursos humanos de cada ministerio— interviene a partir de expedientes iniciados por situaciones que van desde ausencias injustificadas hasta conflictos laborales, y que cada caso es analizado “con todas las garantías del debido proceso”. “Los agentes tienen la posibilidad de defenderse. No se trata de decisiones arbitrarias, sino de sanciones que se encuadran dentro de un proceso administrativo riguroso”, indicó.

Durante el primer año de gestión, se abrieron 144 sumarios administrativos. En total, se contabilizaron más de 400 sanciones que derivaron en suspensiones de entre 1 y 30 días, cesantías y exoneraciones. “No estamos hablando solamente de los más de 70 casos que terminaron en sanciones graves. Hay cientos de situaciones en las que se aplicaron sanciones menores, que también afectan el haber del agente y cumplen un rol preventivo”, explicó.

Lastra remarcó que el objetivo no es punitivo, sino de orden y responsabilidad. “Evidentemente, esta rigurosidad hace que muchos agentes comiencen a cumplir debidamente con sus obligaciones. El Estado no es una entelequia: el Estado somos todos, y los trabajadores públicos tienen la responsabilidad de responder con compromiso al servicio de la ciudadanía”, afirmó.

Las críticas de ATE, expresadas en las últimas horas, apuntaban a que las sanciones difundidas por el gobierno se enmarcan en una “política de amedrentamiento”. Sin embargo, desde el Ejecutivo sostienen que se trata de una política de control de gestión que busca “garantizar el correcto funcionamiento del Estado y la calidad de los servicios públicos”.

“Las sanciones no deben entenderse como una persecución, sino como un mecanismo institucional para corregir desvíos, fortalecer el compromiso con la función pública y dar respuesta a una demanda legítima de la sociedad: que quienes trabajan para el Estado lo hagan con responsabilidad”, concluyó Lastra.