En el marco del conflicto que atraviesa el sistema público de salud de Río Negro, la referente sindical Marisa Albano volvió a cuestionar la actitud del Gobierno provincial en relación con los compromisos asumidos con los trabajadores del sector. Confirmó que mantienen una instancia de diálogo con la Subsecretaría de Recursos Humanos, pero aclaró que “si no hay una respuesta concreta, las medidas de fuerza van a continuar”.

“Estamos tratando de mediar para ver si logramos un acuerdo que permita bajar las medidas. Si no aceptan lo que solicitamos, las medidas seguirán”, explicó Albano desde el hospital Zatti, mientras aguardaba ser recibida por autoridades del área.

Uno de los puntos centrales del conflicto tiene que ver con la mesa de negociación específica para el sector salud. “La última mesa que se llevó a cabo no respondió a lo que el ministro se había comprometido. Había un acta firmada en la mesa anterior donde se comprometieron a trabajar sobre los ítems exclusivos de salud, pero nada de eso se cumplió”, detalló.

La dirigente señaló que esa falta de cumplimiento socavó la confianza de los trabajadores en las autoridades provinciales. “No confiamos en este ministro, ni en lo que firman en las actas, ni en el Gobierno. No están resolviendo las cuestiones que hacen al trabajo en salud pública”, subrayó.

Uno de los pedidos inmediatos que realizaron los trabajadores es la suspensión de la fecha del 1° de septiembre como límite para la implementación del nuevo régimen extraordinario. “Están trabajando en un decreto, pero no está listo, no se conocen las especificaciones técnicas ni el contenido. Lo más razonable sería suspender el plazo para que los trabajadores puedan revisarlo y saber si afecta o no sus derechos laborales y salariales”, explicó Albano.

Sobre el debate en torno a las horas extras y los pagos adicionales, la referente gremial expresó que los trabajadores están a favor del ordenamiento, “pero no si eso significa perjudicar a quienes realmente trabajan”.

“Sabemos que hay lugares donde hay un mal uso de las horas extras autorizadas por el propio Gobierno. El problema es que cuando se quiere ordenar, se termina afectando a quienes sí cumplen con su tarea y dependen de esas horas para llegar a fin de mes”, indicó.

Según explicó, hay casos donde se pagan hasta 200 horas mensuales de forma discrecional, sin control efectivo. “No puede ser que el recorte lo pague el que sostiene el sistema desde abajo”, sentenció.

El conflicto, por ahora, continúa abierto. En algunos hospitales se organizan asambleas y acciones para esta semana. Todo dependerá —según dijeron desde el gremio— de la respuesta que pueda dar la Subsecretaría de Recursos Humanos en las próximas horas.