La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA) presentaron un amparo judicial para frenar el avance de medidas que consideran perjudiciales para el funcionamiento del INTA. La presentación busca que se declaren inaplicables las facultades delegadas por la Ley 27.742 sobre el organismo, y se declare la inconstitucionalidad de los artículos 1, 2 y 3 de dicha ley, así como de los artículos 59 al 69 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 462/2025.

La acción judicial se enmarca en el rechazo de distintos sectores sindicales a lo que consideran un intento de vaciamiento del INTA por parte del Gobierno nacional. Según se expresó en la presentación, las disposiciones del DNU implican una desviación de poder, que en los hechos significaría la disolución, desfederalización y vaciamiento del organismo, acciones que se encuentran expresamente prohibidas por la propia ley en su artículo 2.

Desde ATE y APINTA también solicitaron que se dicte una medida cautelar para suspender provisoriamente los efectos de los artículos cuestionados, y que se le ordene al Estado Nacional abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo que implique reubicaciones, cesantías, traslados, despidos o cualquier forma de reducción de personal dentro del organismo.

La medida también busca proteger los derechos laborales de las y los trabajadores, así como los de representantes gremiales, garantizando la ocupación efectiva y la vigencia de los Convenios Colectivos de Trabajo 214/06 y 127/06 hasta tanto se dicte una sentencia definitiva en la causa.

La judicialización se suma a las acciones gremiales que distintas organizaciones vienen desarrollando en rechazo a las políticas de ajuste impulsadas por el Poder Ejecutivo. Entre los argumentos se destaca que el INTA cumple una función estratégica en el desarrollo agropecuario y científico del país, por lo que su debilitamiento podría tener consecuencias de largo plazo para distintas regiones productivas.

Desde la conducción nacional de ATE señalaron que este nuevo paso en el plano judicial busca frenar “el desguace del Estado” y dar continuidad a una serie de acciones en las que el gremio ya obtuvo fallos favorables vinculados al derecho a huelga y la preservación del Día del Empleado Público.