La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines, Graciela Aleñá, presentó una acción de amparo ante la Justicia laboral para que se declare la inconstitucionalidad del Decreto 461/25, dictado por el presidente Javier Milei. La presentación judicial, patrocinada por los abogados Eduardo Barcesat y Daniel Valmaggia, considera que el decreto implica una “aniquilación” de organismos estatales, con impacto directo sobre la estabilidad laboral y los derechos constitucionales de los trabajadores.
El amparo fue radicado ante el Juzgado Nacional del Trabajo N° 23, a cargo de la jueza Marta Rey, bajo el expediente 27.651/2025. Según se argumenta, el decreto presidencial representa una amenaza concreta a la continuidad de las fuentes laborales y al funcionamiento de áreas estratégicas como la seguridad vial, la ciencia, la tecnología y la salud pública.
“La falta de certeza sobre cómo y con quiénes se reemplazará a los trabajadores que garantizan servicios esenciales compromete derechos básicos reconocidos por el artículo 42 de la Constitución Nacional”, señalaron desde el sindicato en un comunicado difundido este martes. En el texto se destaca que la medida vulnera el artículo 14 bis de la Carta Magna, así como tratados internacionales en materia de derechos laborales y resoluciones de la OIT.
Entre los fundamentos, Aleñá y Barcesat advirtieron sobre el impacto del desfinanciamiento de la obra pública en el aumento de siniestros viales, la afectación a la red de rutas nacionales y los riesgos para la integridad de personas, vehículos y bienes de producción vinculados a las economías regionales.
“Estamos ante un nuevo capítulo en el proceso de desmantelamiento del Estado”, señalaron los impulsores del amparo, quienes trazaron paralelismos con políticas aplicadas en los años de la última dictadura cívico-militar, el menemismo y la gestión de Mauricio Macri. En ese marco, denunciaron un proceso de “favorecimiento a las importaciones en detrimento de la industria nacional y del empleo”.
Por último, la presentación remarca que el Poder Judicial tiene la responsabilidad de asegurar la supremacía constitucional, controlando la legalidad y razonabilidad de las normas dictadas por los otros poderes del Estado.
5 diciembre 2025
Gremiales