La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció una maniobra extorsiva por parte de la conducción de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), a partir de una modificación implementada en la obra social Unión Personal, que establece tarifas diferenciadas y acceso limitado a prestaciones médicas de alta complejidad para quienes no estén afiliados a ese gremio.

La medida entraría en vigencia el 1 de agosto e impactaría en trabajadoras y trabajadores del Estado nacional y del ámbito municipal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A través de una intimación formal, ATE exigió el cese inmediato de esa práctica y reclamó la intervención de la Superintendencia de Servicios de Salud, a la que pidió que rechace este accionar.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, apuntó directamente contra el titular de UPCN: “Se trata de una maniobra extorsiva e inmoral. Es un manotazo de ahogado de Andrés Rodríguez. Debería saber que de esta manera no va a recuperar todos los afiliados que está perdiendo. Si quisiera detener la sangría del último tiempo, debiera dejar de firmar el 1% y empezar a pelear”.

El gremio estatal remarcó que el acceso a la salud debe garantizarse en condiciones de igualdad, independientemente de la afiliación sindical. Denunció además que la obra social estaría dividiendo su Plan Classic en dos: uno con el mismo nombre, y otro denominado “Plan Classic Más”, que permitiría el acceso a centros de alta complejidad, como los sanatorios Anchorena de CABA y otras instituciones en distintas provincias, exclusivamente para quienes estén afiliados a UPCN.

“Ofrecer planes que no están aprobados por la Superintendencia es violar toda la normativa interna de las obras sociales. Nadie puede inventar un plan nuevo sin la aprobación correspondiente. Si esta práctica la llevara adelante un empleador, hablaríamos de una práctica desleal. Resulta increíble que venga de un sindicato”, advirtió Aguiar.

ATE también denunció una posible violación a los artículos 16, 42 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, así como a las leyes 23.660, 23.592 y 24.240, que consagran el principio de no discriminación y el derecho a la igualdad de trato. En este sentido, remarcaron que el cobro de tarifas diferenciadas por consultas, estudios o tratamientos implicaría una afectación directa de esos derechos.

“El recorte de salarios es el mayor en la historia del sector público, y ahora proponen descontar más para garantizar lo que por derecho corresponde: el libre acceso a la salud. No tenemos que ceder a estas presiones. Están cometiendo un delito y van a tener que responder judicialmente, no solo los dirigentes y autoridades de la obra social, sino también el Gobierno si termina siendo cómplice”, agregó Aguiar.

Desde el gremio estatal ratificaron que continuarán con las acciones legales e institucionales para evitar que se implemente esta medida. Mientras tanto, la Superintendencia de Servicios de Salud aún no se pronunció públicamente sobre el reclamo.