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El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, salió al cruce de las acusaciones lanzadas por el exintendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, y negó que la Provincia tenga vinculación con la causa judicial que investiga presuntas irregularidades en el programa nacional Techo Digno. Además, respaldó públicamente a los intendentes y exintendentes involucrados en el expediente y cuestionó el diseño original del plan habitacional.
“No creo que ningún intendente se haya llevado un peso al bolsillo”, aseguró Weretilneck al ser consultado por la investigación, que alcanza a exjefes comunales de distintas localidades rionegrinas, incluida Bariloche. El mandatario provincial remarcó que si bien existieron problemas administrativos y deficiencias en la implementación del programa, no considera que los funcionarios municipales hayan actuado con intenciones delictivas. “Fueron situaciones tiradas así, de prepo”, resumió.
El gobernador desligó a su administración de cualquier responsabilidad en el manejo de los fondos cuestionados y explicó que la intervención de la Provincia se limitó a terminar las viviendas paralizadas. “El rol de nuestro gobierno fue terminar las viviendas, no tenemos nada que ver con la causa judicial”, subrayó. Añadió que fue el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner el que decidió, de manera excepcional, que los fondos fueran ejecutados directamente por los municipios, en lugar del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV).
La defensa del mandatario se dio en el marco de una fuerte denuncia pública realizada por Gennuso, quien lo acusó de “manejar” a los fiscales provinciales para condicionar políticamente a los intendentes implicados en la causa. Gennuso es el único dirigente de Juntos Somos Río Negro imputado en el expediente y será el primero en enfrentar un juicio oral, previsto entre el 27 y el 31 de octubre, apenas un día después de las elecciones.
Weretilneck también se refirió al caso de Bariloche como ejemplo de la intervención provincial para completar las obras que habían quedado inconclusas: “El IPPV se hizo cargo porque los municipios no estaban en condiciones técnicas ni económicas de llevar adelante este tipo de proyectos”. Según detalló, muchas de las viviendas se encontraban apenas al 30, 40 o 50 por ciento de ejecución cuando fueron retomadas.
A pesar de reconocer que en algunas ciudades existieron indicios de irregularidades, el gobernador insistió en diferenciar las falencias técnicas o administrativas de la comisión de delitos. Señaló que será la Justicia la encargada de determinar responsabilidades, pero reiteró que los intendentes no se enriquecieron personalmente con los fondos destinados a la construcción de viviendas sociales.
En ese sentido, defendió el accionar de su gobierno como una forma de reparar el impacto que el mal diseño del programa tuvo en la comunidad. “Nosotros tuvimos que poner dinero de la Provincia para terminar viviendas que estaban abandonadas”, afirmó.
La causa Techo Digno se inició en 2015 y actualmente involucra a varios exintendentes de diferentes partidos políticos. Entre ellos, el exjefe comunal de Fernández Oro, Juan Reggioni, ya fue condenado por firmar certificados de obra por trabajos no realizados.
Gennuso, en tanto, sostiene que es víctima de una persecución y que su imputación, a diferencia de la de otros dirigentes que están en la causa desde hace más de diez años, fue acelerada de manera deliberada. También cuestionó la actuación del Ministerio Público Fiscal y aseguró que “la causa no se sostiene de ninguna manera, pero la mantienen perjudicando a todos”.
Desde el Ejecutivo provincial insistieron en que no existe ningún tipo de interferencia sobre el Poder Judicial y reiteraron que la prioridad del gobierno es garantizar la finalización de las 3.500 viviendas previstas por el plan, independientemente del proceso judicial en curso.
14 julio 2025
Río Negro