Representantes del sistema universitario público presentaron en la Cámara de Diputados un documento que servirá de base para un proyecto de ley destinado a asegurar y ampliar el financiamiento de las universidades nacionales. La iniciativa no contempla la creación de nuevos impuestos ni afecta el equilibrio fiscal del Estado Nacional.

La exposición estuvo a cargo del presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Oscar Alpa, y del vicepresidente del organismo, Franco Bartolacci, durante una reunión de la Comisión de Educación de la Cámara Baja. El encuentro fue encabezado por las diputadas Blanca Osuna y Danya Tavela, y contó con la presencia de más de 30 rectoras y rectores de universidades públicas, así como de representantes gremiales docentes, nodocentes y de la Federación Universitaria Argentina (FUA).

El proyecto propone garantizar el financiamiento mínimo anual de las instituciones universitarias, con una fuente de recursos definida que, según explicaron sus impulsores, se basa en una reorientación de prioridades del gasto nacional. También prevé mecanismos para mantener el equilibrio fiscal sin incrementar la presión impositiva.

Durante la exposición, Alpa detalló que el proyecto establece de manera explícita el origen de los fondos que serán asignados al funcionamiento de las universidades. Además, remarcó que la inversión en educación superior representa una responsabilidad legal del Estado y una herramienta fundamental para el desarrollo económico y social del país.

El documento presentado contempla también la recuperación del poder adquisitivo del personal docente y nodocente, tomando como referencia la inflación acumulada desde diciembre de 2023. Asimismo, incluye la creación de un fondo anual de $10.000 millones destinado al fortalecimiento de carreras consideradas estratégicas para el desarrollo nacional.

Otra de las propuestas incluidas en el proyecto es la expansión progresiva del financiamiento destinado a becas universitarias, así como el aumento gradual del presupuesto general del sistema universitario hasta alcanzar el 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) en el año 2031.

La iniciativa fue elaborada con el consenso de todos los sectores que integran el sistema universitario público argentino y será tomada como base para la redacción del proyecto de ley definitivo, que deberá ser tratado por el Congreso Nacional.