El Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas (SPIQyP), que representa a más del 80 por ciento del personal de ALPAT, confirmó que la audiencia convocada para el lunes 19 de mayo será determinante para finalizar el proceso preventivo de crisis iniciado por la empresa. Ariel Castillo, secretario general del gremio, explicó que aún falta la firma de un expediente clave del gobierno provincial para que pueda avanzarse con el acta de cierre.

“Pensamos que en la audiencia anterior íbamos a firmar el acta acuerdo, pero el expediente todavía no estaba completo. Por eso se pautó una nueva instancia para el 19, donde esperamos que ya esté todo homologado”, indicó Castillo.

El expediente en cuestión se originó con una solicitud de la empresa para reducir el impacto del costo del gas, que se duplica durante el invierno. Como no se logró acuerdo con la transportadora ni con la distribuidora Camuzzi, la alternativa fue gestionar un aporte económico de la provincia. Si bien la solicitud fue elevada, el monto del posible respaldo estatal aún no fue precisado, aunque trascendió que el pedido inicial es de una inyección del orden de los 3 millones de dólares en los próximos cinco meses.

Castillo confirmó que uno de los compromisos centrales que busca el sindicato es que no se produzcan despidos. En ese sentido, la empresa ya activó un plan de retiros voluntarios con el objetivo de reducir entre 40 y 60 puestos. Hasta el momento, alrededor de 30 trabajadores iniciaron el trámite. “Es una opción válida para quienes tienen muchos años en la planta y están en condiciones de retirarse”, señaló el dirigente.

Sin embargo, advirtió que la situación de fondo sigue siendo crítica. “El promedio de antigüedad es alto. Muchos compañeros llevan más de 20 años. No es sencillo conseguir otro empleo en este contexto”, expresó.

A esto se suma el reclamo por una urgente actualización salarial. “Estamos cobrando en cuotas un básico correspondiente a agosto de 2024. El cronograma de pago finaliza el 21 y por eso se definió la audiencia para el 19. La situación es insostenible”, sostuvo Castillo.

El secretario general destacó que, pese a las dificultades, el gremio sostuvo la paz social durante estos dos meses. “Lo hicimos con la expectativa de cerrar este proceso y retomar la discusión sobre las condiciones laborales. Lo que buscamos es garantizar la continuidad de los puestos y avanzar en mejoras salariales”, afirmó.

También valoró el acompañamiento de los gobiernos provincial y municipal en la gestión de una salida para la empresa. “Esto podría haber terminado de otra manera. La intervención del Estado fue determinante para sostener esta instancia”, concluyó. La crisis se da debido a los altos costos de mantenimiento y operación de la planta para la elaboración de carbonato de sodio, producto que se utiliza como materia prima de otras industrias. La apertura de importaciones permite que esas fábricas adquieran desde el exterior el carbonato a menor valor que el provisto por la firma instalada en territorio rionegrino.