La Municipalidad de San Antonio Oeste entregó este lunes un informe técnico a la Justicia en respuesta al pedido de información derivado de la medida cautelar que impide realizar movimientos de suelo en sectores identificados como contaminados con plomo y otros metales pesados. La resolución judicial, dictada por el juez del Superior Tribunal de Justicia Ricardo Apcarián, tiene carácter preventivo y fue publicada el pasado viernes.

La presentación municipal se concretó dentro del plazo de 24 horas hábiles que había fijado el magistrado. El informe consta de nueve páginas e incluye datos técnicos y registros fotográficos. Fue enviado al Defensor General, quien había impulsado la solicitud de medidas ante la presunción de riesgo ambiental.

Según pudo confirmar este medio a través de fuentes judiciales, el dictado de la medida se encuentra enmarcado en la Ley General del Ambiente. En el fallo se destaca la necesidad de aplicar el principio de prevención y el principio precautorio, al considerar la posibilidad de generar un daño ambiental de consecuencias desconocidas e imprevisibles.

La intervención judicial se produjo luego de que integrantes de la Multisectorial de San Antonio Oeste denunciaran que el municipio habría realizado tareas de extracción de suelos en la cantera ubicada en el sector conocido como La Estanciera, y que dicho material habría sido trasladado posteriormente a zonas urbanas de la ciudad. Esta acción, señalaron, podría haber reactivado la exposición a contaminantes presentes en esa área, reconocida históricamente por su nivel de toxicidad.

El juez Apcarián ordenó como medida provisoria que la comuna “se abstenga de efectuar todo tipo de trabajo de movimiento, extracción y/o traslado de tierra de las zonas contaminadas, como también de desparramar los montículos de tierra trasladados y depositados en la zona urbana de SAO”. El objetivo central es evitar cualquier acción que pueda derivar en un riesgo mayor para la salud pública y el ambiente, mientras se analiza el contenido del informe presentado por el municipio.

La investigación judicial continúa su curso. Una vez evaluado el informe remitido por la comuna y recibidas las observaciones del Defensor General, el juzgado definirá si mantiene la cautelar o adopta nuevas medidas. El expediente permanece abierto y se encuentra bajo análisis técnico y legal, con especial atención en los principios constitucionales y ambientales que rigen la materia.