El Gobierno Nacional analiza presentar una denuncia penal contra el Secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, por presuntas amenazas, extorsión y coacción vinculadas al paro general del pasado 10 de abril. Desde el sindicato aseguran que se trata de un intento de criminalizar la protesta social y anticipan una respuesta judicial inmediata en caso de que la acción legal avance.

Según pudo confirmar este medio a través de fuentes con acceso a la información oficial, el nombre de Aguiar fue incluido en un listado que estaría siendo evaluado por el Ejecutivo, junto a otras entidades gremiales ya denunciadas, como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) y la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA). La cartera de Seguridad, a través del director Nacional de Normativa y Enlace Judicial, Fernando Soto, fue la responsable de presentar las primeras denuncias contra los gremios.

En diálogo con este medio, desde ATE indicaron que el posible avance judicial responde a una estrategia para deslegitimar las medidas de fuerza impulsadas en rechazo a las políticas del Gobierno Nacional. “Lo que buscan con esta grave persecución que desatan contra los sindicatos y sus dirigentes es desviar la atención, ocultar una adhesión cada vez mayor a las huelgas, que la gente pierde el miedo y que no tolera tanto sufrimiento”, expresó Aguiar.

Desde el sindicato remarcaron que los derechos a la huelga y la protesta están protegidos por la Constitución Nacional, y calificaron como preocupante el uso de mecanismos judiciales para resolver conflictos laborales. En ese sentido, Aguiar sostuvo que “los conflictos sindicales y sociales no los tiene que resolver el Poder Judicial, los debe resolver el Poder Político”, al tiempo que confirmó la continuidad del plan de lucha.

No se trata del primer conflicto judicial entre Aguiar y el actual Gobierno. En septiembre de 2024, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, había impulsado una denuncia contra el referente estatal por presunta incitación al temor público durante una medida de fuerza realizada por personal de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

ATE anticipó que se encuentra preparando una estrategia legal para responder ante cualquier eventual denuncia y que la organización sindical no interrumpirá las acciones previstas en su agenda. “Esperamos que ningún juez ni fiscal le dé entidad a este disparate”, concluyeron desde la dirigencia nacional del gremio.