La Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro expresó un enérgico rechazo hacia la persecución y estigmatización que enfrentan las comunidades mapuche y los defensores de los bienes comunes en las provincias patagónicas de Río Negro, Chubut y Neuquén. Este pronunciamiento se produce en el marco de los incendios intencionales que afectan a la región, los cuales fueron vinculados a una campaña de criminalización por parte de los gobiernos nacionales y provinciales.

La organización mapuche denunció que esta persecución recuerda momentos oscuros de la historia argentina, como el genocidio fundante del Estado argentino a fines del siglo XIX. Aseguran que bajo un gobierno nacional calificado como "negacionista, racista y fascista", se están retomando prácticas de despojo hacia las comunidades originarias y otros sectores defensores del medio ambiente. Entre los gobiernos señalados están los de Alberto Weretilnek (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut) y el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano.

A pesar de la grave situación provocada por los incendios, que destruyeron viviendas, animales y medios de producción de muchas familias mapuches y campesinas, las autoridades fueron acusadas de centrarse en la persecución en lugar de brindar apoyo a las víctimas. La Coordinadora denuncia que los incendios, junto con los allanamientos y detenciones arbitrarias, son utilizados como mecanismos para despojar a las comunidades de su territorio. Además, se apunta que este despojo abre paso a la entrega de tierras a grandes capitales extranjeros, incluidos empresarios de países como Qatar, Reino Unido e Israel.

Un ejemplo citado en el comunicado es el empresario qatarí Abdulhadi Mana A Sh Al-Hajri, quien habría obtenido la aprobación del gobierno de Río Negro para construir una represa hidroeléctrica en una zona cercana a Bariloche y El Bolsón, lo que implicaría un impacto ambiental significativo sobre las tierras de las comunidades mapuches y otras poblaciones locales.

En su declaración, la Coordinadora también repudió el allanamiento a comunidades mapuche Chewelche, al medio de comunicación comunitaria Petú Mongeleiñ y la detención de uno de sus integrantes. Además, exigieron la liberación inmediata de Nicolás Heredia, brigadista voluntario detenido por "portación de rostro", en un fallo que involucra a los jueces Ricardo Calcagno y Sergio Pichetto.

Finalmente, la Coordinadora hizo un llamado a la unidad de los pueblos productores y campesinos, instando a fortalecer la organización frente a lo que consideran una avanzada destructiva del sistema capitalista sobre los bienes comunes y las tierras de las comunidades originarias.