La conducción de la UPCN cuestionó duramente el funcionamiento del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) y, en ese sentido, dijo que funciona de manera ilegal porque no está constituido el directorio que debería tomar las decisiones del organismo. “Se gestiona de manera ilegal”,  dijo al respecto.

Recordó que la Ley 4294, sancionada en 2007 otorga la potestad de las decisiones a un directorio que, según se acordó en 2018, debe estar integrado por tres integrantes del Gobierno, uno de UPCN y  otro de ATE.

“El Directorio debe aprobar los sistemas de formación y capacitación; autorizar la celebración de convenios con otros organismos y examinar y expedirse acerca de la rendición de cuentas que realice el coordinador de la Unidad Ejecutora, entre otros puntos. Nada de esto se cumple. La UPCN presentó en enero la propuesta del nuevo integrante sindical del Directorio y a noviembre aún no tuvimos respuesta. Nos preguntamos cómo la gestión actual justifica el funcionamiento irregular de las propuestas educativas ante los organismos de control y fiscalización como el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro; el Consejo Federal de Educación o el propio INAP (Instituto Nacional de Administración Pública)”, dijo UPCN.

Afirmó además que “el Instituto tiene actualmente cerradas las vías de comunicación con la sociedad, lo que propicia aun más la opacidad de la gestión. Primero cerró su cuenta de Facebook, un medio a través del cual las y los alumnos y la comunidad establecían un fluido contacto para informarse, plantear dudas e incluso quejas. Y actualmente creó un Instagram, pero está bloqueada allí la posibilidad de comentarios, preguntas o dudas de toda la comunidad. Además, la información sobre su funcionamiento es casi nula (el portal, desde junio a noviembre, en 180 días, publicó 6 notas) y tampoco ofrece interacción pública”.

“Más allá de los reclamos legales en los que insistiremos, desde la UPCN estamos sumamente preocupados porque el instituto que fue vanguardia en la formación virtual de nuestra región, con sedes en toda la provincia que eran financiadas por nuestro sindicato, hoy actúa fuera del marco legal, a través de una gestión institucional opaca, cerrada a la comunidad beneficiaria y a la ciudadanía en general y alejada de la misión inicial, que era la formación del agente público, tanto para la mejora del Estado como para el crecimiento personal de las y los trabajadores en su carrera administrativa”, puntualizó.