La revelación de que cuatro farmacias de General Roca y una de Allen facturaban al IPROSS medicamentos por montos superiores a la compra pone en evidencia la necesidad de que el Estado establezca auditorías permanentes sobre ese mercado.

Que el Colegio de Farmacéuticos haya iniciado una investigación sobre el asunto, debería alentar al Gobierno a garantizar una comisión independiente. No se puede poner al zorro a fiscalizar el gallinero.

"Son las corporaciones médicas y sus accionistas los únicos que se han beneficiado a partir de condiciones extremadamente flexibles de contratación. Son los únicos que, incluso con conductas delictivas, se han enriquecido. Los controles y las auditorias no son suficientes. Hay prestadores privados que acumularon fabulosas ganancias mientras los afiliados a la obra social muchas veces no cuentan con los servicios de calidad, ni en la cantidad esperados", señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

"El solo cobro de plus ya es un delito que debiera ser duramente penado. Se trata de sumas millonarias de dinero que se mueven en negro sin ser alcanzados por impuestos. En salud existe una verdadera economía paralela que beneficia a muy pocos y perjudica a todo el pueblo”, agregó el dirigente.

Fueron los propios afiliados y compradores quienes ratificaron mediante sus declaraciones la estafa en perjuicio del instituto, que podría alcanzar un robo de 100 millones de pesos de fondos acumulados gracias al aporte de los trabajadores.

La desorientación en el manejo de los recursos públicos queda al descubierto en otro dato revelador: el 80% de la facturación de los establecimientos privados de Salud provienen de beneficiarios de las obras sociales del Estado IPROSS y PAMI. Mientras no paran de crecer las construcciones e instalaciones de las corporaciones, los hospitales públicos se ven degradados.

Sin duda, el caso destapa una caja de pandora donde se fueron naturalizando maniobras extorsivas de las empresas prestadoras que llegan, incluso, a cortar los servicios poniendo en riesgo la salud de los beneficiarios.