Una sentencia unánime del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro terminó con la disputa planteada por UPCN sobre la conformación que debe tener el Consejo de la Función Pública provincial, encargado entre otras cosas, de definir las pautas salariales de los empleados estatales. De acuerdo al fallo, la reforma efectuada oportunamente a través de la Legislatura, incorporando a ATE en dicho espacio de negociación, es constitucional.

A pocos días de recibir la aprobación por parte del Parlamento, dirigentes de UPCN presentaron ante la justicia un planteo de inconstitucionalidad de la reforma de la ley del Consejo de la Función Pública, cuestionando los espacios que cada organización debe ocupar de acuerdo a la cantidad de afiliados.

Desde ATE celebraron el fallo judicial: "Destacamos esta sentencia que nos da tranquilidad a todos los empleados públicos y defiende los mayores avances que en materia de democratización del Estado se alcanzaron en la vida democrática de nuestra provincia", expresó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

 "En síntesis, el máximo órgano judicial puso en evidencia que lo único que hay con la nueva Función Pública son egos heridos  y no una norma que violente la Constitución Nacional", precisó el dirigente.

Sobre la demanda de UPCN, los magistrados observan en la sentencia que existe “sólo disconformidad del gremio con la ley sancionada pero sin dar cuenta de razones de peso, menos aún acreditadas, que sustenten la alegada inconstitucionalidad, por lo que el planteo deviene insuficiente”.

De este modo, el máximo tribunal ratificó que la representación plural del empleado público es un derecho constitucional y menciona que dentro del sector público está reglado que puedan coexistir más de un sindicato con personería gremial, rechazando el argumento de UPCN de que se trata de una cuestión de encuadramiento que le daría a ella la exclusividad de la representación.

“Admitir solo al sindicato con mayor representación como el único con facultades de representación resultaría incompatible con el principio de libertad y pluralidad sindical, máxime en el ámbito estatal donde existen personerías gremiales concurrente”, señala el fallo.

 Los jueces hacen referencia también a que la pluralidad sindical resulta un mandato impuesto por los tratados internacionales de OIT (convenio 87) y por el 14bis de la Constitución Nacional, y que la Provincia tiene claramente facultades para dictar las leyes cuestionadas.